Aunque deseo fervientemente equivocarme, me parece tardío el reciente comunicado de respetables instituciones requiriendo reformas de la Ley Electoral y de Partidos Políticos que reconozcan y aseguren el derecho ciudadano a elegir y no solo a votar, lo que podría iniciarse con el desbloqueo de las listas de candidatos a diputado que es una de las reformas que se plantean, con lo que se retomaría la atención de las exigencias ciudadanas expresadas en la Plaza y en diversos medios en el segundo semestre de 2015, atendidas engañosamente y hacia atrás en las reformas a la LEYDPP aprobadas por el Congreso en 2016 que concentraron aún más el poder en las dirigencias partidarias. Tardíos fueron también los reclamos en los últimos meses de 2018 y primeros de 2019 que no fueron atendidos y que nos hizo repetir la historia de procesos electorales anteriores, sin el intento de fortalecer la democracia, la legitimidad y la representatividad.
Mi pesimismo se funda, primero, en el escaso interés que reformas de esta naturaleza encuentran en buen número de diputados que podrían considerarse beneficiados por dejar las cosas como están, y seguramente afectados por disposiciones que permitan votar por personas concretas y no por listas oscuras; y, segundo, porque aunque ahora existiese interés para emprender estas reformas, el tiempo para que estas puedan regir en las elecciones de junio 2023 es muy escaso pues, si bien en 10 meses estaremos celebrando las elecciones generales, la convocatoria a estas deberá realizarse en el mes de enero 2023 y, por tanto, quedan solo cuatro meses y días disponibles para lograrlo, con la Navidad y Año Nuevo incluidos, tiempo a mi juicio insuficiente para el largo recorrido requerido para que el Congreso conozca la iniciativa de ley en primera lectura, la apruebe hasta la segunda lectura, la envíe a dictamen de la Corte de Constitucionalidad para su resolución aprobatoria, se reciba de nuevo en el Congreso y este la apruebe en tercera lectura, por artículos y redacción final para luego ser enviada al Organismo Ejecutivo para su sanción, publicación y vigencia.
Así pues, temo y lo lamento profundamente, que el reclamo es tardío y que repetiremos la historia de otras tantas “alegres” elecciones que en poco o nada resolverán el problema básico de nuestro sistema político, consistente en la ausente legitimidad y representatividad de gran número de candidatos asignados a dedo por las dirigencias partidarias y que con esa precariedad de condiciones democráticas, ocuparán los cargos para los que resulten electos.
Es deseable y hasta urgente que alguno o varios candidatos ofrezcan y asuman, si reciben el mandato popular, el compromiso de emprender de inmediato, en los primeros dos años de su gestión, las reformas que permitan en el periodo de su gobierno, concretar la reforma de los artículos 157 y 280 constitucionales y la reforma electoral implícita, que permitan devolver al ciudadano, si alguna vez lo tuvo, el poder que la Constitución le reserva relativo a delegar su poder en la persona que le plazca, que democratice y asegure la participación política al interno de los partidos, promueva la necesaria y urgente educación y capacitación política, garantice el voto por personas concretas y facilite la conformación de distritos electorales pequeños que mejoren la legitimidad y representatividad de los electos.