Nuestro país es un inacabado relato de fracasos relanzados con anuncios de fraude en las próximas elecciones, movilizaciones sociales con agendas utópicas, corrupción holística de la que el pueblo también se nutre, divergencias en la visión de país entre las élites y nostalgia de algunos sectores por eventos anclados en el pasado, como el “9-15” impulsado y financiado por grupos foráneos con apoyo de actores nacionales interesados en los beneficios financieros que esta movilización les traería.
Guatemala es atormentada por diversas amenazas, entre estas la Inseguridad, en la que resalta el sicariato y la extorsión con 15 mil 662 casos reportados este año, que representan 111 mil 200 de la población entre adultos y jóvenes; Pobreza, que aumentó del 47.8 por ciento (2019) al 52.4 por ciento de la población (2020); Salud Preventiva y Hospitalaria, aún sin recuperarse del impacto provocado por el COVID-19 —1 millón 121 mil 231 infectados—, que aqueja aún a los guatemaltecos; Calidad Educativa, por la carencia de centros educativos, a pesar de los esfuerzos del presidente Giammattei por impulsar las escuelas bicentenario; una endeble política de atención a la Desnutrición Infantil, cuya cifras no son halagadoras y la incertidumbre con relación a la legalidad y transparencia del próximo proceso electoral, entre las más relevantes.
El escenario actual es un apetitoso menú para los políticos populistas aspirantes a puestos de elección popular —presidencia, diputados y alcaldes— en las próximas elecciones generales (junio/2023), que traerá consigo algún grado de ingobernabilidad, que deberá ser enfrentado por el Gobierno con buen criterio para evitar el boicot del proceso electoral y resguardar la vida de los asistentes a las urnas.
No todo está perdido. El informe del BM expresa: “Guatemala tiene la oportunidad para la transformación enfocándose en áreas prioritarias para acelerar el crecimiento inclusivo, productivo y sostenible”. Para lograrlo es determinante “la construcción de un contrato social más inclusivo a través de más y mejores inversiones en capital humano”, coronado por “el fomento de un clima empresarial más sólido para acelerar la creación de empleos y aumentar la productividad, y la mejora de la sostenibilidad con un aumento de los ingresos fiscales y una mayor eficiencia del gasto público y resiliencia a los choques a través de la adaptación climática”. Lo escrito en cursiva es un llamado de atención del suscrito.
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