Nuestra Constitución Política establece una rara excepción a la libertad de asociación. Pues no es opcional, sino obligatorio, asociarse a los distintos colegios de profesionales universitarios.
Quizás dicha obligatoriedad deviene del propio fin que se persigue con la colegiación: la “superación moral, científica, técnica y material de los profesionales universitarios y el control de su ejercicio”.
En la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria (decreto 72-2001) se aclara, desde el artículo 1, que los títulos otorgados por las universidades del país o la aceptación de la incorporación de profesionales graduados del extranjero, habilitan académicamente para el ejercicio de una profesión, PERO NO los faculta para el ejercicio legal de la misma, lo que debe ser autorizado por el colegio profesional correspondiente.
Si escrutamos cuáles son los fines principales de estas asociaciones gremiales impuestas por mandato constitucional, quizás empezaríamos a cuestionarnos el acierto o validez de la intención de la asamblea constituyente. Para muestra un botón: “Son fines principales… promover, vigilar y defender el ejercicio decoroso de las profesiones universitarias en todos los aspectos; el mejoramiento cultural y científico; y ante todo, el ejercicio ético y eficiente de las profesiones universitarias”. También “contribuir al fortalecimiento de la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala y al cumplimiento de los fines y objetivos de todas las universidades del país; participar en el estudio y solución de los problemas nacionales y propiciar el mejoramiento integral de los guatemaltecos”…, etc.
Tomando en cuenta estas y otras disposiciones de la ley que vengo comentando, los colegios profesionales, especialmente algunos de ellos, pareciera que están quedando en enorme deuda con la sociedad.
Creo que si hiciéramos una encuesta de los “colegios profesionales” más indiferentes a la problemática nacional, probablemente, el No. 1 sería el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, aunque quizás seguidos cercanamente por el Colegio de Contadores Públicos y Auditores (¿cuál de los dos?) y el de Médicos y Cirujanos.
Las grandes omisiones y los incumplimientos de los propósitos teleológicos de estas instituciones, en determinadas circunstancias, pueden llegar a ser más graves que las propias acciones mal intencionadas (como la manipulación de elecciones en comisiones de postulación).
Dada la sistemática erosión del Estado de derecho en nuestro país y la responsabilidad directa o indirecta de mi gremio, el de abogados, me acordé de algunas frases que, aunque creadas en otro tiempo y otros lugares, podrían aún representar, o quizás, mejor que nunca, lo que trato de decir. Acá unas muestras, para cerrar: El abogado es una conciencia alquilada (Dostoyevski). Hemos de reducir el número de abogados. Los abogados son como los castores: se ponen en medio de la corriente y empantanan el asunto (Donald Rumsfeld).