Quizá para no perder la costumbre de reprimir, o a modo de entrenamiento, cientos de policías nacionales, “con apoyo” de soldadesca uniformada y de civil, cargaron en contra de las viviendas de ancianas, mujeres y niños. Ese día y a esa hora los varones estaban en tareas agrícolas. La finalidad de la arremetida: desalojarlos por la fuerza de la finca Chicoyou: inscrita en el Registro de la Propiedad bajo el número 6611, folio 152, libro 108, de Alta Verapaz. Todo con orden de juez, a pedido del Ministerio de la Defensa. Las familias q’eqchi’, 58 en total, habitaban aquella finca y adelantaban gestiones para su adjudicación vía arreglo negociado con el ejército (minúscula). Con la mediación de Copadeh, en inoperante proceso. Que ante la negativa e insensibilidad de los chafas derivó en expulsión de las abuelas. Mujeres —de roble— ahora errantes y sin alimento. ¿Los militares? Triunfantes. Una victoria más. Vergüenza.
Se trata de familias desplazadas durante el conflicto armado interno, quienes han cultivado en diferentes puntos de aquella finca durante décadas, son terrenos del Estado que administra la milicia. Allí se instaló el Centro Regional de Entrenamiento de Operadores de Mantenimiento de la Paz (Creompaz) y se permitió además ceder terrenos del fundo para sus empleados. Las abuelas q’eqchi’ —en cambio— llevan años de trámites sin que la administración resuelva su aflictiva situación. Mostraban —las abuelas—, por aquí y por allá, antiguas cédulas de vecindad para demostrar que su residencia ha sido Chicoyou, hablaron con diputados, manifestaron públicamente, rogaron y nada. Impasibles. El Vicepresidente del país instó e instaló mesa de diálogo, con este y otros casos; los chafas ni se presentaban, pese a que les ordenaba su “jefe”. Las veces que llegaron iban con abogado pagado por el mismo pueblo y su tradicional prepotencia. A falta de argumentos, siempre afirmaron sujetarse a la ley. Un caso de humanidad. Pero claro, la humanidad no pasa por los cuarteles. Allá pasa represión y muerte. Financiados con nuestro dinero, se ensañan —hoy como ayer— con un grupo de abuelas. Aplican la fuerza contra pobres y desarmados. Esa ha sido su “metodología”. Ilusos, creímos que cambiaba con los Acuerdos de Paz. Mentira. Siguen indolentes al dolor indígena y campesino.
Indignados por los hechos. Instamos a la autoridad del Estado a resolver la situación de las 58 familias de Chicoyou. Ahora errantes, sin presente ni futuro. Atender su necesidad de habitación y tierra para el sustento es un hecho cristiano y humanitario. Deploramos y condenamos la inhumana acción militar.