Legalización del crimen

Lo que está ocurriendo en Guatemala con la captura de los poderes del Estado y el resto de las instituciones públicas ya ocurrió en otros países como en Colombia en los años ochenta y noventa, cuando los cárteles de droga y otros grupos delictivos decidieron tomar el poder político llevando a sus propios representantes a los principales puestos de elección popular. 

El objetivo de esta captura, que los estudiosos denominaron la configuración cooptada del Estado, era que desde el poder mismo el crimen organizado legalizara el saqueo de los recursos públicos y nacionales y usara ese poder también para perseguir a sus opositores resguardándose de impunidad para que sus actos criminales quedaran convertidos en ley.

Es lo que estamos viendo en el Congreso de la República los últimos meses, donde los operadores de la alianza gobernante han destapado una ensarta de iniciativas descabelladas y abiertamente prosaqueo de los recursos nacionales. La última de esta iniciativa ha logrado concitar una gran oposición que abarca prácticamente a todo el espectro ideológico.

La iniciativa 6054, que busca desaparecer en la práctica al Inab y Conap y concentrar el poder sobre los recursos naturales en un superministerio cuya cabeza es nombrada sin ningún requerimiento técnico, representa uno de los intentos más atrevidos por legalizar el extractivismo salvaje y saqueo.

La iniciativa de reformas a la ley electoral también presentada recientemente busca profundizar la instrumentalización de los partidos como mecanismo de captura del Estado, liberándolos de control sobre su financiamiento y con ello entregándoselos en la práctica al mejor postor.

Para legalizar la represión contra la ciudadanía se presentó la iniciativa 6076, que busca darles más poder a las fuerzas de seguridad, y así asegurar la contención del poder ciudadano en manifestaciones y otro tipo de expresiones.

El ciudadano de a pie debe advertir que de ahora en adelante ya no debe cuidarse solo del delincuente callejero, sino también de las instituciones estatales que, estando en manos de la delincuencia de cuello blanco, buscarán despojarlo de sus bienes materiales y derechos ciudadanos.

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Author: Maria Suarez