Uno se pregunta: ¿De qué mentalidades ambiciosas, insaciables, ha salido la Iniciativa de Ley 6054 que persigue darle al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la autoridad suprema, para que tenga poder de transacción, triplicándole el presupuesto como un ente autócrata que maneje la riqueza de los recursos naturales, los activos históricos, culturales, mineros, silvícolas, fluviales, lacustres, fauna, flora y todo lo que es patrimonio del Estado de Guatemala y no material para subasta de los políticos actuales.
No existe duda, las ofertas de las empresas transnacionales, seductoras de gavillas de políticos venales, en cualquier país subdesarrollado, estarán lloviendo. Los congresistas de turno no pueden llegar hasta el descaro de nombrar a un ministerio comprobadamente ineficiente, como un facilitador que se encargue de hacer negocios con el mejor postor y que las riquezas de Guatemala se vayan entregando.
¿Dónde quedaría el respeto a la propiedad privada, en sus casos reales: tierras conservadas por particulares con parajes naturales únicos, con cascadas, nacimientos de agua, bosques tropicales que buscan una oportunidad para fomentar el turismo. O los bosques comunitarios de Totonicapán tan celosamente conservados por sus pobladores.
Un claro y verdadero ejemplo es el caso de Petén y su perenne depredación. ¿Bajo qué manto se cobijan las principales autoridades jugosamente asalariadas encargadas de cuidar la Biosfera Maya, extendida en 21 mil 602 kilómetros cuadrados qué, en un lapso de 30 años se permitió su transformación en territorio de nadie fácil de poseer para los usurpadores de terrenos, pirómanos interesados, cuidadores de pistas para el narcotráfico y de rutas aprovechadas para traficar con personas, animales, patrimonio arqueológico, madera, ganado, mientras alcaldes, gobernadores, comandantes, y jefes de instituciones encargadas de frenar la situación argumentan que “carecen de presupuesto y de personal para proteger ese tesoro”, aceptado hoy, con el calificativo de Tierra de nadie. Y no nos amarguemos más, los registros indican que cada año se pierden 13 mil hectáreas de bosque. Y al técnico idealista y honesto que lo denuncie, simplemente lo amenazan o lo matan para que el festín no se interrumpa.
Existen ya instituciones con sus múltiples leyes y reglamentos, para regular la conservación del medio ambiente, los recursos naturales, históricos y culturales de Guatemala. Será imperativo y honesto que sus impulsores desistan de respaldar un proyecto de ley que se avizora como una farsa para seguir entregando el inclusivo y extenso patrimonio nacional a intereses particulares, extranjeros, que se frotan las manos por poseer los tesoros de este rico país. ¡Acaso no es su patria también!