Los guatemaltecos vivimos en medio de derrumbes y millones de personas en situación de vulnerabilidad alimentaria.
Las lluvias de los últimos días han evidenciado que las autoridades centrales y municipales han puesto poco interés en el sistema de drenajes y alcantarillado que pasa por debajo de las ciudades y las carreteras y más bien se han dedicado a la colocación de jardincitos para usar buena parte de los recursos del Estado.
El colapso en Villa Nueva es el mejor ejemplo de ello, pues a la fecha el alcalde municipal Javier Gramajo no ha sido capaz de informar a la población el origen de la falla y qué solución darán al problema.
Lo mismo ha ocurrido en departamentos como San Marcos, Chimaltenango, la costa sur y el oriente del país, en donde han ocurrido deslizamientos y derrumbes en distintas áreas de municipios.
Es evidente que dentro de los planes de gobierno municipal no se concibe la contención de desastres naturales y es evidente que como país no tenemos ninguna política pública que cohesione a las autoridades municipales a incluir dentro de su plan de ordenamiento territorial la contención de los efectos climáticos.
Es más, el propio Consejo Nacional de Seguridad, integrado por la Presidencia, Vicepresidencia, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Defensa y comunidad de inteligencia, tienen la obligación de presentarle al mandatario la agenda de riesgos y amenazas.
A estas alturas de la situación, dada la calamidad pública que se vive y lo devastador que ha sido el efecto de las lluvias, el Gobierno ya debiera de decretar un estado de emergencia nacional para destinar recursos logísticos y humanos a la ayuda humanitaria y de infraestructura en todo el país.
Estos efectos devastadores ya han ocasionado severos daños en los guatemaltecos. Según el mapa interactivo y actualizado del Programa Mundial de Alimentos, en este momento hay más de 1.3 millones de guatemaltecos que se encuentran en inseguridad alimentaria en el territorio nacional y la mayoría de los departamentos tienen este efecto.
Lo lamentable de la situación es que esta información se sabe en las instituciones del Gobierno central, pues el Programa de Sistemas de Información para la Resiliencia en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Región del SICA estimó que al menos 4.6 millones de personas estarán en situación de crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda para el periodo de mayor hambre estacional de junio a septiembre de 2022.
Este Programa trabaja en coordinación con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional y otras instituciones de gobierno y advirtió que los departamentos más afectados serían Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Izabal, Petén, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán y Zacapa.
Estima que los mayormente vulnerables son los pequeños agricultores de infra y subsistencia que han experimentado agotamiento en sus reservas y disminuido su posibilidad de invertir en sus cosechas.
Nos llueve sobre mojado y aun así no hay acciones integrales para abordar la problemática.
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