El 15 de octubre corrió audiencia en la CC para decidir si la consulta comunitaria realizada en Asunción Mita era legal o no. Esto, de acuerdo con lo que piensan los señores de la CC, mientras que los vecinos del municipio jutiapaneco dicen que su consulta y los resultados son válidos, pues son un derecho ciudadano que además fue aprobado por el voto mayoritario de esa localidad. Además, es la regla de oro de la democracia: el voto mayoritario da derechos, no los quita.
El tema es simple. De los 45 municipios del Trifinio, 28 de ellos en Guatemala, Honduras y El Salvador se han organizado en la mancomunidad de afectados por los trabajos de la mina Cerro Blanco (ubicada en Asunción Mita) que contamina el río Ostúa, que desemboca en el lago Güija y el río Lempa. Llevando su carga de cianuro y ácido sulfúrico utilizado en el proceso de lixiviación del oro de la mina. Ese es el fondo del asunto y esa es la razón que llevó a los vecinos de Asunción Mita a una consulta popular que mediante el voto mayoritario dijo no a la mina. Punto.
Sobre la consulta popular y democrática realizada por los vecinos, el Ministerio de Ambiente no dice nada, el de Minas tampoco, y queda el terreno despejado para que la CC disponga que la consulta realizada no llena los requisitos de empresarios y funcionarios y que, por consiguiente, etc., etc. Y los vecinos responden que la consulta fue legal, legítima y democrática. Y preguntan: ¿si estamos en una democracia, el voto popular es ilegal? Se sabe que el asunto del Trifinio es manejado por los vicepresidentes de cada país: Nasralla, Ulloa y Castillo. No sabría si es por el interés o el desinterés que una figura sin poder sea la encargada en cada uno de los países del Trifinio.
En Guatemala existe como una responsabilidad del vicepresidente el Trifinio, o sea un lugar en donde coinciden los territorios y gobiernos de los países de Honduras, El Salvador y Guatemala, un área de unos 7,500 kilómetros cuadrados, que lo mínimo que debería estar haciendo es preocuparse por el problema de la contaminación del río Ostúa, la laguna de Güija y el río Lempa, pero nadie reacciona, y de manera particular, el vicepresidente de Guatemala, quien se comporta como autista y decorado de lujo en este y otros temas que deberían formar parte de su actividad. El conflicto creciente en 28 municipios fronterizos es algo urgente y por ello es un tema de interés trinacional. Pero hay silencio y autismo.
Ya es tiempo que la democracia en Guatemala deje de estar sujeta a interpretaciones antojadizas de abogados que ponen en paños menores la carrera del derecho. Es absurdo que una consulta popular y democrática en un municipio del país con el aval de la municipalidad del mismo, y que arroja resultados que por mayoría son los que desea la población, y los obtiene mediante el voto popular, pueda ser desconocida por funcionarios de gobierno o por la CC. ¿Qué clase de democracia queremos? Con voto popular, informado y democrático o con interpretaciones de leyes que no lo son. Ese es el dilema.
Adicionalmente a esta situación en la región del Trifinio, diputados de Honduras plantean una demanda internacional contra Guatemala por las toneladas de basura que contaminan las playas hondureñas y las islas de la Bahía, que son fuentes turísticas de nuestro vecino. Como se observa, y por razones de orden ambiental, las relaciones entre El Salvador, Honduras y Guatemala no pasan por un buen momento y es bueno que se sepa.
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