Están ya incluidas en la Ley de la Cadena Alimentaria , reformada por última vez en diciembre del año pasado (Ley 16/2021). En concreto, en la disposición adicional primera, en la que se fija la posibilidad de que los agricultores contraten dos potencias eléctricas durante el año, especialmente para las épocas de mayor riego. A esta doble tarificación se suman las bonificaciones de hasta un 35% en la factura de gasóleo y del 15% en la de fertilizantes y plásticos. Medidas ya publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) , que pueden ayudar a aliviar la difícil situación que atraviesa el campo por la escalada de costes y la sequía. Hace una semana el Ministerio de la Presidencia remitía a los diputados, con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agraria Común (PAC) y otras materias conexas, un documento en el que vetaba varias de las enmiendas presentadas por diferentes grupos que suponían nuevas ayudas al campo (PP, ERC, Ciudadanos, Coalición Canaria, PdCAT…) argumentando que podían suponer un aumento de gasto o una merma de ingresos. En el documento, al que ha tenido acceso ABC, se oponía a la tramitación de la enmienda popular en la que obligaba a «poner en marcha de manera efectiva» las bonificaciones establecidas en la Ley 16/2021. Según el Gobierno, esto supondría «un impacto presupuestario de 58 millones de euros». Por otra parte, aunque la doble tarificación eléctrica ha sido incluida en tres normas desde 2018 (Ley 1/2018 conocida como el ‘decreto antisequía’, en los Presupuestos Generales de 2021 y la Ley de la Cadena Alimentaria) no se ha traducido en un desarrollo normativo. Una medida que une a las principales organizaciones agrarias Asaja , COAG y UPA , además de a la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore) cuyo presidente Andrés del Campo lamenta que el ministro de Agricultura Luis Planas haya enfriado esta posibilidad asegurando esta semana «que esto no se sitúa en el contexto actual» y destaca que los costes eléctricos de las comunidades de regantes se han disparado entre un 400 y más de un 600% entre agosto de 2021 y el mismo mes de este año según una encuesta interna. «La primera condición para que pueda de vivir un agricultor de esta actividad son unos costes medios de producción viables», sostiene Del Campo. Para la portavoz del PP en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados, Milagros Alonso , «el Gobierno no acepta medidas que él mismo ha regulado en la Ley de la Cadena». La diputada menciona otras medidas rechazadas, por la misma vía, como que las ayudas concedidas por las administraciones públicas al sector por el incremento de costes de producción no tributen (desde el Gobierno estiman un impacto de 5,1 millones de euros). Plan de choque Desde el Gobierno, en diferentes intervenciones vienen defendiendo las decisiones adoptadas, que cifran en más de 1.000 millones de euros entre ayudas directas y fiscales: el decreto contra la sequía de unos 450 millones de euros, aprobado a mediados de marzo, las ayudas directas por la invasión de Ucrania con 193,47 millones para diferentes sectores (cítricos, vacuno de carne…) con parte de apoyo europeo, 169 millones para el lácteo, así como el Perte Agroalimentario (1.800 millones) cuyo despliegue está pendiente. El director de Asaja, Juan José Álvarez , en referencia a las bonificaciones contempladas en la Ley de la Cadena, cree «que todo este tipo de medidas fiscales ayudan a la economía del agricultor y el ganadero», aunque propone otras como la equiparación del régimen compensatorio del IVA agrario para agricultura y ganadería al 12%. «Hace falta un plan de choque integral para el campo, con ayudas directas y medidas fiscales adaptadas», concluye. Noticia Relacionada estandar Si Bruselas cerrará 84 caladeros de pesca sin contar con un informe actual que lo justifique Carlos Manso Chicote España planea ir ya a los tribunales europeos para su suspensión y la Comisión aboga por esperar a un nuevo análisis científico en noviembre También coinciden en la necesidad de ir más lejos en COAG y en UPA. Fuentes de esta última organización ponen en valor las decisiones adoptadas desde el Ejecutivo para paliar los efectos de la la sequía y la guerra en Ucrania. «Son importantes, pero deben venir acompañadas de nuevas medidas», concluyen desde UPA que exige cumplir con la Ley de la Cadena.