Los diputados oficialistas y sus aliados votaron a favor de la iniciativa de Ley Temporal de Desarrollo Integral, que establece la participación de la tropa militar que prestó sus servicios durante el conflicto armado interno.
La ahora Ley, convertida en el decreto legislativo 51-2022, crea el Programa de Desarrollo Integral, que estará bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social y el apoyo técnico del Ministerio de Ambiente, quienes elaborarán la plataforma técnica, presupuestaria y programática para su implementación.
Cada veterano militar que se registre en el programa recibirá Q1 mil mensuales por tres años para completar Q36 mil y a cambio de ello participar en los proyectos de reforestación, ambientales, de limpieza, clasificación de desechos y reciclaje, protección y mejoramiento del medio ambiente.
La Ley, que entrará en vigencia al siguiente día de su publicación, o sea tiene carácter inmediato, establece que el Ministerio de Finanzas Públicas deberá de buscar los recursos de los remanentes, caja fiscal y otras partidas disponibles para el financiamiento del Programa de Desarrollo Integral.
Así que le corresponde a esta cartera buscar los recursos de un presupuesto que en la realidad debería de concentrarse en la ayuda a los damnificados por los efectos del hambre estacionaria, la inseguridad alimentaria y los efectos de la tormenta Julia, que sumados serían al menos tres millones de guatemaltecos. Pero el oficialismo y los aliados prefirieron apresurar la Ley promilitar y ello conlleva la erogación presurosa de recursos públicos para el pago a los militares.
Según varias autoridades del Ministerio de la Defensa (Mindef) que fueron citadas por diputados al Congreso, el Estado Mayor de la Defensa, a través del Servicio de Ayudantía General del Ejército, ha reportado un estado de 98 mil 561 veteranos o personas en situación de retiro. Y este dato empieza a ser nebuloso cuando la Asociación de Veteranos Militares (Avemilgua) dice que en realidad son al menos 400 mil efectivos.
Si se usa la cifra proporcionada por Defensa, a partir del primer mes que los ministerios de Desarrollo y Ambiente desarrollen el programa, el gobierno deberá de tener Q98.5 millones mensuales durante los próximos 36 meses para cumplir con lo establecido en esta nueva ley que cobrará vigencia en estos días. Al final de 36 meses, el Estado de Guatemala y los contribuyentes habrán pagado a los veteranos militares Q3 mil 548.196 millones, o sea Q389.5 millones más que el presupuesto solicitado por Mindef para el año 2023, que es de Q3 mil 158.651 millones.
Este monto que se destinaría al nuevo programa pro veteranos militares aún es cuestionado por distintos grupos que los conforman, pues hay algunos que demandan el pago inmediato de Q120 mil por concepto de indemnización.
Lo aprobado por el Congreso no es una luna de miel. Hay organizaciones de veteranos militares que ya anunciaron su inconformidad y medidas de hecho, incluso hablaron de que en “Guatemala habrá guerra”.
Una brasa que el mismo gobierno diseñó con sus aliados.
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