El conflicto en una denominación de origen como la Calificada Rioja (DOCa Rioja), cuyo consejo regulador recurrió por la vía administrativa la decisión del gobierno vasco de inscribir provisionalmente a ‘Viñedos de Álava’ hace una semana (la última palabra la tiene Bruselas), así como las diferencias entre gran parte del sector cárnico representado por la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice) y la Indicación Geográfica Protegida (IGP) ‘Jamón de Trevélez’ por el impulso a una IGP del ‘Jamón Serrano’, ponen el foco sobre ambas figuras del régimen de calidad de la Unión Europea (UE) cuyo reglamento acaba de iniciar su reforma en el Parlamento Europeo. Dos sellos que impulsan la economía de la España rural y que, según datos del Ministerio de Agricultura, generaron un valor económico total de 2.447,86 millones de euros en 2020 , sumando el mercado español y el exterior. Solo en España los ingresos fueron de 1.640 millones y emplearon a unos 200.000 operadores primarios (viticultores, agricultores, ganaderos, etc.) y a casi 3.300 industrias en el mismo ejercicio. «Una de las cosas buenas de las denominaciones de origen es que estamos anclados al territorio para bien o para mal y esa función es muy importante», apunta en conversación con ABC el presidente del consejo regulador de la denominación de origen Jerez, quien reconoce que para los productores «la denominación es una historia de éxito». Con unas 7.000 hectáreas inscritas en el consejo regulador, la última vendimia – de la campaña 2021/2022– se estima en 44 millones de kg de uva, un 23,5% menos que en la de 2020–2021 (57,5 millones). Sin embargo, pasa por ser una de las denominaciones más exportadoras, con el Reino Unido entre sus principales mercados, a pesar del Brexit y el Covid. Al respecto, Saldaña recuerda que la pertenencia es voluntaria. Pero ambas no se limitan solo al mundo del vino. También abarcan otros productos agroalimentarios como el queso, el aceite, las peras, el vinagre y el jamón serrano. Un ejemplo de esto último es la indicación geográfica protegida ‘Jamón de Trevélez’, aprobada por la Unión Europea en 2005. Situada en la Alpujarra alta (Granada), engloba las localidades de Trevélez, Juviles, Busquistar, Pórtugos, La Tahá, Bubión, Capileira y Bérchules. Las siete empresas productoras, que forman parte de la IGP, generan anualmente una media de 200.000 jamones secados al natural a 1.200 metros de altitud. Lo que supone el 2% de lo que produce España al año: 20 millones de jamones. «Aquí, el motor económico es el jamón, también el turismo y la agricultura. Muchos turistas vienen a nuestros pueblos por el jamón. También acuden de otras poblaciones a trabajar. Hay restaurantes y hoteles», explica la presidenta de esta indicación geográfica, Pilar Álvarez. El nombre de Trevélez saltó a los medios de comunicación el pasado mes por llevar a los tribunales su negativa a la IGP del jamón serrano. Una iniciativa impulsada desde 2015 por la industria cárnica, junto al Ministerio de Agricultura, y sobre la que se consultó a la Comisión Europea. En concreto, los promotores de esta iniciativa buscan convertir la actual Especialidad Tradicional Garantizada (ETG) en una Indicación Geográfica Protegida (IGP) que a su juicio protegería mejor al jamón serrano. En Trevélez, la responsable de su IGP cree que «tira por tierra la filosofía de calidad y vínculo con el territorio». MÁS INFORMACIÓN Viñedos de Álava, el proyecto que amenaza con fragmentar la denominación de origen Rioja Pero el conflicto más mediático se libra desde hace meses en Rioja, un hecho que deja al descubierto el complejo reparto de competencias entre Estado, comunidades autónomas y Bruselas: las denominaciones y las indicaciones geográficas supraautonómicas , que abarcan varias comunidades, son competencia del Ministerio de Agricultura. Apenas son 12, pero con peso: Rioja, Cava, Jabugo, etc. El resto, un total de 352 según el dato más reciente, están en manos de cada autonomía. A pesar de que los consejos reguladores no pueden percibir ayudas de la Política Agraria Común (PAC) sí pueden ser receptores de otro tipo de apoyos parafines como la promoción de Europa (Fondos de Desarrollo Regional), estatales (ICEX) y de organismos autonómicos. Por ejemplo, en julio, la consejería de Agricultura de Andalucía firmó un convenio para destinar 600.000 euros con este objetivo. Todo un atractivo para futuras DO como ‘Viñedos de Álava’ y ‘Aceite de Madrid’.