«Tenemos que prepararnos para lo peor, pero esperando que no suceda». De las dos proposiciones en las que se sustenta la frase pronunciada hace unas semanas por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para ilustrar la posición de partida del Ejecutivo ante la incertidumbre que rodea todo lo que pueda ocurrir entre otoño e invierno, el Gobierno ha optado por obviar la primera y confiarse en la segunda a la hora de diseñar su proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2023. Con el crudo invierno llamando a las puertas, la amenaza de Putin de cerrar el grifo del suministro de gas a Europa plenamente vigente y la principal economía de Europa (Alemania) asumiendo un futuro inmediato de recesión económica, el Gobierno ha decidido diseñar su proyecto de Presupuestos para 2023 haciendo como si todos esos riesgos no se fueran a materializar. El borrador de las cuentas de 2023 se sustentan sobre un techo de gasto público histórico, presentan un nuevo récord de gasto social y como se ha encargado de subrayar la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, solo contempla reducciones de gasto en dos partidas, una de ellas la de prestaciones por desempleo porque el Gobierno está convencido de que el paro va a caer y de que la mejora de las prestaciones de los parados de más de seis meses no van a incrementar el gasto en esa partida. Tal y como lo ve el Gobierno el proyecto presupuestario será capaz de absorber la subida histórica del 8,5% que experimentará el gasto en pensiones por la desviación del IPC, el sobrecoste derivado de la actualización de los sueldos de los empleados públicos y del incremento de plantilla de la oferta de empleo público, y el crecimiento histórico de la inversión pública que pasará de 8.900 millones de euros a 11.867 millones, la mayor cifra de inversión estatal registrada jamás. También todo el paquete de medidas sociales de gasto acordado en la madrugada del lunes al martes con Podemos y que implicarán la creación de tres nuevas prestaciones sociales, un cheque de 1.200 euros al año para las familias con hijos menores de tres años y mejoras sustanciales tanto del Ingreso Mínimo Vital, que subirá como las pensiones, como de las prestaciones por desempleo para personas que lleven más de seis meses en paro. Y todo ello será compatible, en el relato trasladado este martes por María Jesús Montero, con el cumplimiento de las restricciones al gasto público impuestas a España por Bruselas para garantizar una gestión presupuestaria prudente y con el cumplimiento del objetivo de reducción del déficit hasta el 3,9% al que se ha comprometido el Ejecutivo pese a la suspensión de las reglas fiscales. En concreto, la Comisión Europea recomendó (o impuso, según se mire) al Gobierno que el gasto primario no creciera por encima del PIB potencial a medio plazo de la economía, una fórmula que ofrece un cierto margen a la laxitud, pero que Hacienda dice haber cumplido porque ese gasto primario crecerá un 1,5% y se entiende que el crecimiento potencial a medio plazo de la economía española será del 3,2%, en parte porque el Gobierno está convencido de que los fondos europeos aportarán 2,6 puntos al crecimiento potencial de la economía de aquí a 2031.