Todavía no han pasado el trámite parlamentario, pero en el Ministerio de Hacienda no descarta convertirlos en permanentes. Los nuevos impuestos a la banca y las energéticas está previsto que se aprueben de aquí a final de año con una aplicación temporal sobre 2022 y 2023, pero esto podría cambiar pasado ese periodo. La ministra María Jesús Montero ha evitado confirmar que dichos gravámenes decaerán una vez acabe 2023. De hecho, lo que sí ha señalado es que analizarán la situación para tomar sus decisiones de política fiscal . Eso sí, siempre pensando en que este Gobierno continúe en el poder tras las elecciones generales del año que viene. «Una vez termine ese periodo evaluaremos el rendimiento de esa figura fiscal», así como el escenario económico, para adoptar las decisiones que consideren, según ha señalado la titular de Hacienda en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ha aprobado los presupuestos de 2023. El objetivo, según ha añadido, es el siguiente: «Que podamos plantearnos la política fiscal de las grandes empresas de manera sosegada y nos permita avanzar como país». Noticia Relacionada estandar No El Gobierno anuncia una subida de las pensiones del 8,5% en 2023, la más alta de la historia Gonzalo D. Velarde El coste únicamente de la subida ascenderá hasta el entorno de los 17.000 millones de euros De esta manera deja la puerta abierta a convertir en estructurales dos impuestos cuya configuración solo se había planteado para este año y el siguiente, todo ello pensando en que, según defiende el Ejecutivo, ambos sectores están percibiendo demasiados beneficios derivados de la situación actual. En el caso de las energéticas, se gravará el importe neto de su cifra de negocios, lo que equivale a sus ventas de bienes y prestaciones de servicios, al 1,2%. Se aplicará a partir de un umbral de 1.000 millones sobre ese aspecto, tomando como referencia la cifra de cada compañía de 2019; se utiliza ese año como base ya que es el último del que se disponen datos sin distorsionar por la pandemia de Covid-19. Otra causa de exclusión será que una empresa no tenga más del 50% de su negocio vinculado al sector energético, ya que hay firmas que no son energéticas pero tienen negocio en ese ámbito y no deberían estar sujetas. En el caso de la banca, el gravamen recaerá sobre los márgenes de su negocio financiero. Es decir, sobre los intereses y las comisiones. En concreto, el diferencial entre lo que percibe la entidad y lo que paga la misma en cada uno de los dos conceptos. El tipo a aplicar sobre ello será del 4,8% y el umbral a partir del que se aplicará será en este supuesto de 800 millones de euros. Con todo, en la tramitación parlamentaria todo es susceptible de variar. La banca y las energéticas ya están maniobrando internamente para tratar de rebajar el castigo fiscal, aunque el Gobierno tiene claro que los aprobará y no hay forma de que dé marcha atrás con la medida.