El presidente de la CEOE , Antonio Garamendi , estuvo ayer en Vitoria. Nadie podrá calificar su discurso de extremista, ni de agorero. Repasó la postura de los empresarios en el momento actual y mezcló, como no podía ser menos, los asuntos económicos en la salsa política que los adereza. Se quejó de la insistencia en dividir a la sociedad entre ricos y pobres, buenos y malos, buscando el enfrentamiento entre ambas partes. Un ejercicio de extrema peligrosidad que, además de ser mas contraproducente que inútil, es injusto. Lo es siempre y en todo lugar, pero en este país de nuestros dolores constituye una acción temeraria. El Gobierno confunde la ideología con la sociología. No es consciente -o mejor no le interesa serlo- de que el entramado empresarial español está compuesto por una pléyade de pequeños y muy medianos empresarios que crean empleo y generan riqueza con constancia, esfuerzo y discreción. Ni Ana Patricia Botín, ni Ignacio Galán -a quienes Pedro Sánchez ha ascendido al altar supremo de los demonios nacionales- son la imagen fiel del empresariado español, ni son seres nocivos. ¡Ojalá tuviésemos unos cientos de empresarios de su talla, capaces de crear las decenas de miles de empleos que crean y de aportar los miles de millones con que abastecen al erario público y que sirven para pagar nuestro Estado del bienestar. Si cuando se pide rebajas de algunos impuestos siempre salta alguien con la amenaza de una reducción de ingresos y de una regresión de servicios sociales, ¿por qué no se ensalzan a las empresas, a todas, grandes, medianas y pequeñas, cuando los proveen? A las empresas hay que mimarlas, porque el Estado se encarga de gastar y sostener, pero son ellas quienes se encargan de generar y proveer. Una función capital que el Estado no ha sido capaz de sustituir nunca, en ningún lugar. Su segunda queja está igualmente sustentada. Emprender significa invertir e invertir supone bloquear ahorros durante el dilatado espacio de tiempo en el que las inversiones maduran. Por eso exigen un horizonte temporal de estabilidad y seguridad. El Gobierno puede cambiar las leyes para adaptarlas a las nuevas condiciones, pero hacerlo cada cinco minutos y en el momento menos oportuno supone generar unas incertidumbres añadidas a las que ya aparecen por sí solas, que ahuyentan todas las iniciativas. Las empresas tienen que cumplir las leyes laborales, las financieras, las mercantiles, las medioambientales, las administrativas… pero tienen el derecho a que sean estables y razonables, no caprichosas ni electoralmente interesadas.