La semana pasada se cumplieron tres años sin que el Organismo Legislativo haya cumplido con su mandato constitucional de haber electo a los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la Corte de Apelaciones (CA). Es decir que los magistrados de ambos organismos judiciales desempeñan sus cargos fuera del periodo constitucional para el cual fueron electos. Y son ellos, precisamente, los que han estado bloqueando la justicia, como es el caso de varios amparos y apelaciones presentadas por varios ciudadanos y colegios profesionales en contra de las elecciones a Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala para el periodo 2022-2026. Estos mismos magistrados de la CSJ, por mayoría, le negaron, recientemente, a uno de los pocos jueces honestos y probos con que cuenta el Organismo Judicial, el distinguido y honorable licenciado Miguel Ángel Gálvez Aguilar, su derecho de revocar a un juez que no se considera imparcial e idóneo para investigar el caso que se le imputa. Si el juez Gálvez sigue el camino del exilio, será sin duda porque el país no ofrece condiciones mínimas para que se ejerza la justicia a todos los ciudadanos. Este ya ha sido el caso de Thelma Aldana, Claudia Paz y Paz, Juan Francisco Sandoval, Érika Lorena Aifan Dávila, para mencionar algunos que se encuentran exiliados en los Estados Unidos de América. Hay otros jueces que por desempeñarse en su trabajo debidamente han sido perseguidos internamente, como es el caso de Pablo Xitumul, Yasmin Barrios, entre otros, y de la exfiscal de la FECI Virginia Laparra, contra quien se han ensañado, manteniéndola presa en condiciones infrahumanas. Otro caso de la dictadura de la que hablamos es el del ingeniero y periodista Jose Rubén Zamora Marroquín, cuyo único delito ha sido publicar los acontecimientos perversos que han sido implementados por el Pacto de Corruptos. Ante estas violaciones a la Constitución Política de la República, en cualquier país democrático, los diputados del Congreso de la República que se han negado a elegir a la nueva Corte Suprema de Justicia y a los magistrados que debieron haber integrado la Corte de Apelaciones ya estarían siendo procesados. En Guatemala no se ve por dónde y quiénes podrían ponerle el cascabel al gato. Por otra parte, casos paradigmáticos de corrupción e impunidad no avanzan. Estos son los sonados casos de Odebrecht (de los diputados que recibieron sus sobres de dólares estadounidenses para votar de emergencia nacional el frustrado proyecto de carretera) y del Libramiento de Chimaltenango, que dejó de derrumbarse gracias a que dejó de llover. Mientras tanto, el propio Congreso de la República ha electo, de nuevo, a la Presidenta y a la Junta Directiva afín al gobierno de Alejandro Giammattei y se siguen despachando con la cuchara grande un presupuesto general de ingresos y gastos acorde a su voracidad y falta de transparencia, totalmente desfinanciado y con nuevos endeudamientos.
En la sección de Opinión se publican columnas como contribución al debate público, las cuales son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan la visión de elPeriódico de Guatemala o la de su línea editorial.