La Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso emitió dictamen favorable al proyecto de Ley de Adquisiciones del Estado (Iniciativa 6141), que si es aprobado por el pleno del Congreso y sancionado por el Ejecutivo sustituirá a la Ley de Contrataciones del Estado (Decreto 57-92 del Congreso y sus reformas), actualmente vigente.
Aunque la denominación de la ley es diferente (Ley de Adquisiciones del Estado en vez de Ley de Contrataciones del Estado, aunque esta última denominación es más adecuada), el texto normativo de la Iniciativa 6141 es prácticamente el mismo, con algunas variaciones eminentemente cuantitativas, a saber: (i) Las compras de baja cuantía se elevan de Q25 mil a Q35 mil; (ii) El rango de la compra directa (que pasa a denominarse compra simplificada) se fija de Q35 mil a Q125 mil; actualmente dicho rango es de Q25 mil a Q90 mil; (iii) La adquisiciones por proveedor único quedan igual y se adiciona un sistema especial de adquisición de alimentos; (iv) El rango de la cotización se fija de Q125 mil a Q2 millones; actualmente dicho rango de es de Q90 mil a Q900 mil; y (v) La licitación se establece para contrataciones arriba de Q2 millones.
Como podrá advertirse, la pretensión es flexibilizar la regulación para que la erogación de fondos públicos sea más ágil y expedita, y por supuesto con menos sujeción a controles, lo que facilita la opacidad y la corrupción.
Por otro lado, se suprime la obligación de recabar el certificado de disponibilidad presupuestaria (prevista en el Artículo 3 de la Ley de Contrataciones del Estado), así como el arbitraje como mecanismo alternativo para dirimir controversias, por lo que toda disputa entre el Estado y los proveedores (contratistas y adquirentes) deberá dirimirse en la vía contencioso administrativa.
En dos platos, a través de la Iniciativa 6141 se pretende revivir, de mala manera, el Decreto 4-2021 del Congreso, que el Ejecutivo se vio obligado a vetar en abril de 2021, debido al creciente clamor popular por la transparencia y por la lucha contra la corrupción en materia de contrataciones del Estado, que incluye las compras y adquisiciones en el sector público.
Lo que resulta inaudito es que la Iniciativa 6141 se haya enviado a la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso el 21 de septiembre de este año, y que el 26 de septiembre dicha Comisión haya emitido dictamen favorable a dicho proyecto de ley, que contiene 139 artículos. No sorprendería, entonces, que el pleno del Congreso, con el apoyo de la aplanadora oficialista, apruebe la Iniciativa 6141, sin más trámite.
Sin duda, le urge al gobierno y a las municipalidades que el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado del ejercicio fiscal 2023 (casualmente un año electoral) se ejecute con mayor discrecionalidad y con menos controles y transparencia, extremos que son garantizados por la nueva propuesta legal. No tiene compostura la actual clase política.