Pretender que las leyes de contrataciones y de planificación recientemente presentadas en el Congreso se aprueben rápidamente y sin debate, pone en evidencia que el Congreso no cumple con las funciones de ser un foro de discusión pública, de fiscalización y de representación de la población. Sus ponentes traicionan a los que representan, comunican mediocridad, debilitan la escasa credibilidad que puede quedarles y carcomen a la democracia.
La “nueva” ley de compras y contrataciones, una versión remozada de una ley que ya existe, flexibiliza las contrataciones realizadas por municipalidades y para la compra de alimentos y servicios de transporte, permite que las compras planificadas puedan alterarse sin condiciones, excluye la garantía de financiamiento de las compras, y hace más difícil sancionar a funcionarios que fraccionan las compras para evitar cumplir con la ley. Quieren gastar más y con menos control. Lo que no saben los ponentes es que los cambios acelerados y sin consulta que incluye esta compleja ley tendrá implicaciones jurídicas impredecibles. Sus ambigüedades y deficiencias significará que los funcionarios que las apliquen enfrentarán innumerables riesgos legales después del año electoral.
La otra ley busca transformar a Segeplan en un ministerio, pero ello no va a fortalecer la necesaria planificación de la inversión pública y del gasto de gobierno. Al contrario, entrará en competencia con el Ministerio de Finanzas Públicas como entidad responsable de formular el presupuesto de gasto público total.
Mejor sería integrar a Segeplan dentro del Ministerio de Finanzas como viceministerio, como ha propuesto la antigua secretaria de Segeplan Karin Slowing. Tendría que hacerse junto con una reestructuración de todo el sistema de contrataciones y de ejecución de la inversión pública. Esta transformación, necesariamente profunda, no pasa por un simple remozamiento de la actual ley de contrataciones, ni por la ley-CACIF para establecer una nueva entidad público-privada para ejecutar proyectos de infraestructura, ni por una Segeplan disfrazada de ministerio.
Una nueva ley de contrataciones, que entre otras cosas proporcione un marco adecuado para ejecutar una ambiciosa estrategia de inversión pública, tendría que estar acompañada por una efectiva planificación del gasto público, especialmente de la inversión pública, dentro del Minfin. Tendría que fortalecer a este ministerio para que junto con otros ministerios o entidades ejecutoras pudiera coordinar la selección de proyectos, su evaluación, la asignación de recursos para su ejecución, la contratación de procesos, el monitoreo y ajuste de proyectos en ejecución, y la evaluación del proyecto ejecutado. Exigiría incorporar criterios de sostenibilidad y de transparencia, y tomar en cuenta las perspectivas de cambio climático. Difícil imaginar un serio debate legislativo sobre estos temas en un Congreso como el actual.
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