El pasado septiembre, las remesas familiares, que envían los migrantes guatemaltecos desde el extranjero al territorio nacional, ascendieron a US$1 millardo 597 millones, por lo que aumentaron en un 22.9 por ciento con respecto a las remesas ingresadas al país en septiembre de 2021 (US$1 millardo 299.3 millones).
Por cierto, cabe recordar que durante 2021 ingresaron al país en concepto de remesas US$15 millardos 295.7 millones, en tanto que durante 2020 se registraron US$11 millardos 340.4 millones, o sea cerca de un 35 por ciento de incremento. Al 30 de septiembre de este año se habían ingresado US$13 millardos 321.3 millones.
Sin duda, la reducción consistente de la tasa de desempleo en EE. UU., que en septiembre pasado se situó en 3.5 por ciento, ha incidido positivamente en la captación de mano de obra migrante, aunque preocupa que la tasa de inflación interanual en agosto de 2022 se situó en el 8.5 por ciento, en la cual han incidido el alza del petróleo, del gas natural y de los biocombustibles (etanol y biodiésel), así como la cuantiosa emisión inorgánica y el desabastecimiento de bienes. Sin duda, esto último y la incesante elevación de la tasa de interés representan una amenaza recesiva para la economía estadounidense.
Las remesas que nuestros migrantes envían a Guatemala equivalen a cerca del 18 por ciento del PIB, por lo que representan un importante factor dinámico de la economía, cuyo PIB aumentó un 7.5 por ciento en 2021. De hecho, el monto anual de remesas familiares excedió del monto anual de exportaciones del país.
Se estima que en EE. UU. residen aproximadamente 4 millones de connacionales, de los cuales la mitad son indocumentados, por lo que su estadía en los Estados Unidos es inestable. Darles permanencia y protección laboral debería ser objeto de un plan estratégico del Gobierno guatemalteco. De ahí la importancia del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), que debería hacer seguimiento a la promesa del presidente de los EE. UU., Joseph Biden, en cuanto a habilitar el estatus de protección temporal (TPS) para Guatemala.
En todo caso, cabe advertir que la banca internacional de desarrollo sostiene, con base en evidencias irrefutables, que el gasto público no ha redundado, en lo absoluto, en la reducción de la pobreza en Latinoamérica durante las últimas tres décadas. Esto supone que, aunque los ingresos tributarios y el endeudamiento público han aumentado sustancialmente en dichos países, estos, a través de la ejecución del gasto público (política redistributiva), no se han traducido en mejores condiciones de vida para la población. Eso sí, se ha determinado que las remesas familiares, que reflejan el trabajo productivo de los migrantes chapines en el extranjero, sí sacan de la pobreza. Luego, la incidencia positiva de las remesas confirma que solo el trabajo privado productivo puede sacar de la pobreza (movilidad social ascendente) y evitar los clientelismos políticos, que son la base del intervencionismo, estatismo y populismo.
Por supuesto, no puede omitirse que la emigración de connacionales no es lo ideal para el futuro del país, porque supone la fuga de capital humano, que es una pérdida irremplazable, sobre todo por la gran inversión que hace la sociedad en su recurso humano (educación, salud, alimentación, seguridad y demás) para el desarrollo económico y social. De ahí que el gran desafío nacional radica en generar emprendimiento y empleo, que solo se logrará a través de promover la inversión productiva, proteger y aumentar las fuentes de trabajo, apuntalar la innovación tecnológica y garantizar la necesaria seguridad jurídica.