Los presidentes de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional y de la Comisión de Gobernación han presentado la iniciativa 6155, denominada Ley para el Uso Racional y Legítimo de la Fuerza, cuyo objetivo es establecer normas generales por medio de las cuales las fuerzas de seguridad puedan desempeñar sus funciones para hacer cumplir la ley, velar por la seguridad y el orden público, haciendo uso racional y legítimo de la fuerza en todo el territorio nacional. Se aplicará ante la amenaza o vulnerabilidad del orden público, la seguridad ciudadana y en la protección del libre ejercicio de los derechos humanos.
En la iniciativa presentada se insiste en incluir al Ejército en tareas de seguridad ciudadana, aspecto que a todas luces es inconstitucional.
El inciso j del artículo 3 menciona el uso de la fuerza letal y lo conceptualiza bajo la acción que ejercen las fuerzas de seguridad en el ejercicio legítimo de sus funciones, en el cual intrínsecamente es probable causar lesiones graves o la muerte. Mientras que el inciso k define el concepto de fuerzas de seguridad e incluye al Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil y el Sistema Penitenciario y al Ministerio de la Defensa, a través del Ejército de Guatemala.
En el último considerando de la iniciativa, los parlamentarios exponen que en Guatemala no existe una ley que regule el uso legítimo y racional de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones, algo que es incorrecto.
El decreto legislativo 11-97, Ley de la Policía Nacional Civil, establece sus principios básicos de actuación y determina que se debe de regir por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance.
Asimismo, existen normativas internacionales para el empleo de la fuerza y las armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, en donde la propia Organización de las Naciones Unidas establece que se debe utilizar de manera proporcional los recursos.
La Corte de Constitucionalidad ha dictaminado desde hace más de 11 años resoluciones sobre las actuaciones de las fuerzas de seguridad particularmente en manifestaciones públicas. Así que sí existe normativa al respecto.
Esta iniciativa es de nuevo un producto del oficialismo y sus aliados por promover mayores recursos al Ejército y dotarlo de funciones que no le competen y que son inconstitucionales.
El Ejército no puede ser involucrado en asuntos de seguridad ciudadana y, por lo tanto, no puede adquirir recursos o equipo que tengan que ver con la utilización de armas letales o no ya que su función constitucional es el resguardo territorial. Pero los diputados insisten en involucrarlo en la dinámica de la seguridad ciudadana.
Para presentar esta iniciativa se coordinaron la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, integrada por representantes de la UNE, UCN, Valor, Semilla y FCN-Nación, así como la Comisión de Gobernación integrada por diputados de Todos, Vamos, UCN, FCN-Nación, Valor, CREO y UNE.
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