Se denomina “democracia dirigida” al régimen de gobierno que se autoproclama democrático, pero que en realidad es una democracia de fachada, en la que impera una concentración de poder político, un orden constitucional formal y arbitrario, así como que legaliza el acceso al poder público a través de elecciones seudodemocráticas. Por tanto, el gobierno dirige a los organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como designa una autoridad electoral formal, que administra el gatopardista proceso político.
Luego, en una “democracia dirigida” las facciones políticas, que representan lo mismo, operan en un ambiente político electoral restringido, que asegura la perpetuación del sistema, basado en el abuso de autoridad, la censura de la prensa, la opacidad de la gestión pública y el secretismo de Estado.
En México rigió una “democracia dirigida” bajo los gobiernos del PRI en el siglo pasado y podría ser retomada. La “democracia dirigida” se asimila a la “democracia protegida”, defendida por el dictador chileno Augusto Pinochet (1973-90), y a la “democracia guiada”, promovida por el autócrata chino Mao Zedong.
Como podrá advertirse, la “democracia dirigida” es una degeneración política, toda vez que no observa los principios democráticos de separación de poderes, respeto de los derechos fundamentales, democracia representativa, igualdad ante la ley, rendición de cuentas, alternancia, pluralismo y elecciones libres y justas.
En Guatemala, desde nuestra emancipación política, hemos vivido bajo una “democracia dirigida”, con distintos matices. Por cierto, la dictadura de Manuel Estrada Cabrera (1898-1920) y el régimen autoritario de los Generales (1970-82) se legalizaron a través de elecciones amañadas.
Dado que la clase política guatemalteca jamás ha aspirado a la instauración de una genuina democracia institucional, rehusó, cuando se habilitó la apertura política durante los años ochenta del siglo pasado, dotar a Guatemala de un genuino autogobierno, legitimado por elecciones libres y justas, así como de un Estado de derecho, basado en leyes justas y en una justicia oficial independiente e imparcial.
Son males de nuestro sistema político electoral la falta de neutralidad política de la autoridad electoral, el uso de recursos estatales en la campaña, el clientelismo político, la presencia del dinero sucio en la política, la restricción del libre juego de opiniones, la ausencia de depuración del padrón electoral, la imposibilidad de empadronarse al momento de la obtención del DPI, la no inscripción de candidaturas indeseables, la manipulación del sistema informático electoral y la cooptación de la justicia electoral. En todo caso, las elecciones no pueden ser legítimas cuando el debate, la competencia y el escrutinio son injustos o envilecidos.
Sin duda, nuestra sociedad está atrapada en una insoportable “democracia dirigida”, que ha dado carta de naturaleza a una obscena cleptocracia, que nos oprime y aherroja, que perpetúa las estructuras deshumanizantes prevalecientes, que obliga a nuestra gente a abandonar el territorio nacional por falta de oportunidades y que nos rezaga de un futuro de equidad, prosperidad y paz.
Por consiguiente, urge erradicar la vigente “democracia dirigida” y avanzar hacia un sistema político e institucional, que nos garantice la rehabilitación de la política, la convivencia pacífica, la gobernabilidad democrática y el desarrollo integral.
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