Pero la enfermedad de nuestra democracia, que personalmente califico como de origen, requiere que los electos estén revestidos de legitimidad y representatividad incuestionables.
La reforma del sistema político es urgente si se quieren superar los males que nos aquejan; refundación le llaman algunos entendidos, prefiero llamarle reforma constitucional del sistema político, para favorecer el fortalecimiento de la democracia creando procedimientos que aseguren la representación legítima de los ciudadanos. Lo demás, vendrá por añadidura.
Convencido de la urgencia de la reforma político electoral, personalmente experimento creciente angustia y ansiedad, ante la ausencia de propuestas que atiendan ese aspecto fundamental para el desarrollo del país y el bienestar de los ciudadanos de esta y de las futuras generaciones.
El diseño del sistema político en 1984/85 perseguía establecer un sistema democrático con pesos y contrapesos reales que evitarían el abuso del poder; por ello, los constituyentes diseñaron una representación ciudadana, la más alta, que se otorga al Congreso de la República, confiando en que el poder delegado en los electos sea ejercido con fidelidad al mandato de los ciudadanos. Por ello, el Congreso fue definido como la más alta representación ciudadana y a los diputados se les concedió la calidad de representantes del pueblo y dignatarios de la Nación y, consecuentemente, se les otorgaron prerrogativas constitucionales acordes con esas calidades, para coadyuvar al eficiente y eficaz cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones; se definieron también nuevas facultades al Congreso de la República, dándole parte en la nominación por elección de cargos públicos que van desde magistrados de las cortes suprema y de apelaciones, hasta la elección del Contralor general de la nación, entre otras, cuyas actuaciones realizadas con la libertad y autonomía que la constitución les reviste, son determinantes en el funcionamiento de los pesos y contrapesos, en el apego a la ley por parte de los funcionarios y responsables con el desarrollo del país. En cuanto al control y fiscalización, a los diputados se les asigna el importante papel de fiscalizadores de la actividad pública y se desarrolla un procedimiento de interpelación mucho más exigente que los vigentes en otros sistemas democráticos presidencialistas.
Pero la enfermedad de nuestra democracia, que personalmente califico como de origen, estriba en el hecho de que el sistema político contenido en el texto constitucional, para asegurar su funcionamiento, requiere que los electos, sobre todo los diputados, estén revestidos de legitimidad y representatividad incuestionables, lo cual no ocurre, porque el régimen electoral no permite que los ciudadanos tengan parte en la nominación de candidatos a diputados que integrarán la más alta representación ciudadana ni la posibilidad de votar por personas concretas sino que obliga a emitir el voto por una lista oscura de desconocidos colocados en la papeleta por dirigencias partidarias y sus adláteres y que terminan representando esos intereses y no los ciudadanos.
En esas circunstancias, el poder legislativo diseñado para ser ejercido por una representación popular auténtica, legítima y representativa de los ciudadanos, realmente deriva en un conjunto de personas que representan intereses ajenos, lo que como sabemos se traduce en cooptación de voluntades al momento de votar por leyes, o de elegir funcionarios clave del ejercicio democrático de los pesos y contrapesos, o de realizar procesos de interpelación absurdos, manejados desde la presidencia del Congreso para convertirlos en ejercicios estériles, con efectos nulos o inexistentes y sean una afrenta a los ciudadanos y a quienes con la mejor intención crearon el sistema político que prevalece desde 1986 a la fecha.
Es hora pues de que los candidatos manifiesten su planteamiento de reforma del sistema político y del régimen electoral. En mi opinión, deben establecerse disposiciones que aseguren la elección con altos niveles de representatividad y legitimidad incluso dentro de las organizaciones políticas, estableciendo obligatoriedad de elecciones primarias para la nominación de candidatos y facilitando la participación electoral de otras organizaciones sociales en los eventos electorales y limitar así los abusos de los partidos políticos.
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