Mientras, las resistencias indígenas continuaron a lo largo del 2022, a pesar de la represión.
Durante el año 2022, la población indígena de Guatemala fue ignorada en todas las instancias del Estado, iniciando por el Ejecutivo, reforzándose en el Legislativo y criminalizándola desde el poder Judicial. Desde la firma del Acuerdo de Paz firme y duradera (29.12.1996) la invisibilización de los pueblos originarios no había sido tan explícita, como lo logró el presidente Alejandro Giammattei, quien buscó eliminarlos de la escena pública a base de una permanente persecución, encarcelamiento y represión a través de la fuerza pública.
El pueblo q’eqchi’, concentrado en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, ha sido el más azotado, aquí algunos ejemplos. En septiembre tres organizaciones campesinas e indígenas denunciaron la continuidad de los despojos históricos de finqueros y militares de la región de las Verapaces, además, rechazaron los señalamientos de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO) de las Verapaces, emitido el 2 de septiembre, en donde acusaron a los pueblos originarios de “usurpadores de propiedades privadas”.
Además, alrededor de 58 familias q’eqchi’ de la comunidad de Nuevo Chicoyuo fueron desalojadas por más de mil agentes de la Policía Nacional Civil, a petición del ejército que planteó el reclamo ante un Juzgado de Paz de Cobán, Alta Verapaz. La orden de desalojo fue autorizada por el juez Ricardo Caal. Según el gobierno de Giammattei esas tierras pertenecen a la finca San Luis, propiedad del Ministerio de la Defensa.
Mientras en el municipio de El Estor, Izabal, se vivieron desalojos violentos contra 36 familias q´eqchi´ el 6 de julio. El gobierno de Giammattei desplegó a más de 1,200 agentes de la Policía Nacional Civil a la comunidad de Tz´inte´ Buena Vista, a solicitud de un finquero. El desalojo no se ejecutó por la resistencia de los pobladores, pero quedaron advertidos que deben marcharse. El intento de expulsar a las familias fue ejecutado por el juez de Paz de El Estor, Selvin Leonardo Díaz Valdez, con la autorización de Edgar Aníbal Arteaga López, juez de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Izabal. Según el documento emitido por el juez Arteaga López, las 36 familias debieron ser desalojadas con el auxilio de la fuerza pública, la “PNC, ejército o fuerzas combinadas”, porque están “usurpando la finca Tz´inte´”.
La pobreza y la violencia anterior hacia el pueblo q’eqchi’ no es novedosa si se toma en cuenta que, según datos del INE, los pueblos indígenas con el mayor porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas son el q’eqchi y ch’orti’ con más del 80 por ciento; el tz’utujil, xinca y q’anjob’al con más del 70 por ciento y el poqomchi’, chuj, akateko e ixil con más del 60 por ciento. Si a eso se agrega que no existe un registro oficial que muestre los efectos de la pandemia de la Covid-19, de las tormentas ETA e Iota del 2020, más el imparable encarecimiento de los alimentos se puede deducir que ahora las desigualdades pueden ser mayores.
De hecho, aunque casi la mitad de la población en Guatemala es indígena, los esfuerzos de vacunación contra la Covid-19 hasta el presente se han concentrado en la población ladina urbana, evidenciando que la vacunación ha sido desigual. El no continuar respaldando las campañas de comunicación en los diferentes idiomas mayas y el deficiente registro de vacunación, hace deducir que la mayoría de población vacunada es ladina. Sofía Montenegro, de Diálogos, denunció que el Ministerio de Salud no hizo un esfuerzo adecuado para registrar la identificación étnica de las personas. Así, ante la falta de datos desde las poblaciones indígenas podría deducirse que a nivel nacional el acceso a la vacunación es menor al 25 por ciento.
Al pobre manejo de la Covid-19, desde el gobierno de Giammattei en las áreas rurales, lejanas e indígenas, hay que agregar el retroceso de derechos que recogió el “Informe Sombra sobre la Situación de Mujeres Indígenas en Guatemala”, en donde se plasmó la falta de avances en derechos de las mujeres indígenas. Estas condiciones fueron denunciadas por el Movimiento de Mujeres Indígenas T’zununija’ que registró que el 79.2 por ciento de los hogares indígenas, ubicados en las áreas rurales, viven en condiciones de pobreza. Resaltando que la discriminación racial existe por encima de la voluntad política del Estado. T’zununija’ señaló que Guatemala posee una población indígena que supera los 7 millones de personas en donde persiste una ausencia de avances en materia de derechos de las mujeres de los pueblos originarios y que fueron pactados en los Acuerdos de Paz de 1996.
La Defensa de los pocos derechos de los pueblos indígenas estuvo a cargo de sus propias organizaciones, así por ejemplo, la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán se presentó, el 17 de agosto del 2022, a la sesión ordinaria del Congreso de la República, donde exigió que se archivara la iniciativa 6076 “Ley Para Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y el Ejército de Guatemala”, que había sido conocida en primera lectura, porque “Atenta contra la vida directamente en el derecho a la libre manifestación constitucional, que es ilegal”, dijo Miguel Gutiérrez, vicepresidente de los 48 Cantones. Gutiérrez agregó que a pesar de la posición de la presidenta del Congreso Shirley Rivera Zaldaña, quien expresó que se votaría para enviarla a consulta a la Corte de Constitucionalidad para establecer si su contenido poseía inconstitucionalidades, ellos se quedarían hasta que se les escuchara. Y en efecto lograron que la iniciativa 6076 fuera engavetada a base de su habilidad política para convocar, incidir y presionar a nivel regional y nacional.
Mientras, las resistencias indígenas continuaron a lo largo del 2022, a pesar de la represión, como el caso del Comité de Desarrollo Campesino, CODECA, que no ha dejado de vivir ataques a sus líderes, llegando a acumular 25 asesinatos, para Giammattei “la administración Biden ha estado tratando de desestabilizar a su gobierno” y para lograrlo ha usado a los indígenas a través del apoyo de USAID, y presumiendo de un desconocimiento craso, dijo que, esa institución se ha dedicado a promocionar el “indigenismo” en Guatemala. Estas aseveraciones fueron publicadas en abril en un artículo de Mike González y Mateo Haydar, de la Fundación Heritage de los Estados Unidos.
El resumen, los pueblos indígenas durante el 2022, desde el gobierno de Giammattei, fueron ignorados, permanentemente violentados, encarcelados, reprimidos y rechazados pública y privadamente. Quizá por eso, la fuerza indígena desde las comunidades se organiza políticamente y aunque de manera lenta, pero con paso firme busca que sus propuestas sean asumidas y respaldadas con conciencia. En este año electoral que inicia, sin duda, esa conciencia dará un paso más, en la larga lucha histórica que aspira a derrotar a la ignominia colonial.
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