El péndulo de la corrupción

La población, a través de distintos sondeos de opinión, identifica y califica a la codicia, la corrupción y la impunidad como los mayores flagelos que enfrenta nuestra democracia disfuncional, extremo que acredita que ha bajado consistentemente el umbral de los pecados económicos y políticos que la ciudadanía está dispuesta a tolerar.

Inequívocamente, esto también supone un mayor grado de conciencia ciudadana en torno al grado de incidencia que tiene el engaño, el fraude y el enriquecimiento ilícito en el bienestar general, así como la injusticia que implican los privilegios e inequidades.

Por supuesto, esto no significa que hoy en día haya más o menos corrupción e impunidad que antes. Lo que sí es cierto es que en la actualidad la gente está mejor informada, acepta cada vez menos el abuso de poder y protesta, con mayor energía, en contra de los privilegios y las condiciones de vida deshumanizantes.

Definitivamente, la prensa independiente, especialmente aquella que promueve el periodismo de investigación, ha jugado un papel primordial en el descenso de la tolerancia de la corrupción y la impunidad, aunque debe reconocerse que los politiqueros no dudan en echar mano de mecanismos ilegítimos para escapar de la vindicta pública y evitar el castigo por sus delitos: Concentración de poder, politización de la justicia, judicialización de la política, la injusticia de la justicia y demás.

La corrupción socava y debilita la institucionalidad democrática, ya que transfiere ilícitamente recursos de unos privados (tributarios) a otros privados codiciosos, que se apoderan de los fondos públicos, los que, en teoría, están destinados a fortalecer los servicios públicos y promover la inversión social. 

Generalmente, la corrupción prospera en la clandestinidad, al margen de las leyes y en detrimento de la moral pública, mina irremediablemente la confianza ciudadana en las instituciones, así como quebranta la conciencia tributaria e inhibe la consecución del bien común. 

La corrupción no solo envilece cimientos institucionales de la República, sino que, además, impide que el gasto público se invierta de manera eficiente y eficaz, enerva la gobernabilidad democrática, así como obstaculiza el desarrollo económico, porque eleva los costos de transacción y propicia un clima de inseguridad jurídica, y el progreso social, ya que ralentiza el desarrollo humano sostenible.

Lo peor es que las opciones políticas en general, sean de derecha o  izquierda, conservadoras o liberales, civiles o militares, fachos o progres, que compiten en las elecciones, aunque prometen demagógicamente el cambio, así como la erradicación de la corrupción y la impunidad, en realidad aspiran a ejercer el poder para aprovecharse ilícita o inmoralmente de la cosa pública. De suerte que toda la jerga politiquera nos lleva al mismo derrotero, y lo que ocurre es una suerte de penduleo entre los mismos, cuyo común denominador es la mentalidad codiciosa, que se van turnando en el ejercicio de la autoridad, que siempre para beneficiándolos a todos, en menoscabo del interés general. El gatopardismo es siempre la tónica electorera: Que todo cambie para que nada cambie.

No obstante, tanto va el cántaro al agua que al fin se rompe. La historia nos dicta que cuando el descontento y el hartazgo de las poblaciones se vuelven incontenibles, los cambios no programados se precipitan, incluso en un contexto de indeseable irracionalidad y violencia. Ojalá, las élites, antes de que sea tarde, caigan en cuenta de la urgente necesidad de promover la reforma política e institucional del Estado, la eficacia fiscal, la supresión de privilegios y la meritocracia en el sector público.