¿Hasta qué punto podrá la democracia partidista cambiar el rumbo para intentar lograr transformaciones que, aunque mínimas, logren sacar al país del abismo en el que se encuentra?
El 5 de enero de 2023, en una conferencia de prensa, grupos de la sociedad civil, abogados y activistas se reunieron para denunciar la continua criminalización de la que es objeto la exfiscal Virginia Laparra. Este enero Laparra cumplió años tras las rejas al sumar más de 10 meses injustamente encarcelada y separada de su familia por atreverse a denunciar la corrupción que carcome a Guatemala. Agregando a la injuria, grupos de la sociedad civil denunciaron como, a pesar de seguir guardando prisión y luego de una condena injusta, el proceso contra ella sigue plagado de múltiples ilegalidades cometidas, muchas veces, por los mismos jueces que deberían de trabajar por respaldar una justicia ecuánime.
Entre las acciones irregulares está la parcialidad de los jueces hacia los entes acusadores y una actuación poco proba dentro de los tribunales, a esto deben agregarse las estrategias mediáticas utilizadas en contra de Laparra, así como las acciones ilegales del tribunal en contra del equipo de abogadas y abogados defensores quienes son, muchas veces, negados de la posibilidad de hablar con su defendida o inclusive de realizar su trabajo de defensa. Así mismo, las condiciones en las que Laparra se encuentra encarcelada son inhumanas, al no permitirle acceso a servicios de salud no solo urgentes sino necesarios.
Laparra fue condenada a cuatro años de prisión por un delito inexistente, como parte de una venganza de las elites en contra de quien osó desafiar al sistema y que tuvo vínculos o fue parte de la CICIG. Ahora guarda prisión por otro caso de venganza de sectores evidentemente corruptos al igual que peligrosos grupos que representan el bagazo que la contrainsurgencia dejó en el desagüe de la paupérrima nación que hoy intenta sobrevivir. Frente a un Ministerio Público y a un sistema de justicia que se pone del lado de burdos criminales, es difícil pensar en la existencia de un Estado de Derecho. Más aún cuando desde el presidente de la república hasta los puestos más bajos del Estado están controlados por criminales rastreros interesados solamente en avanzar o mantener sus privilegios y en hacer crecer sus cuentas bancarias.
Guatemala inicia un nuevo año electoral con presos políticos en sus cárceles. En este escenario ¿Hasta qué punto podrá la democracia partidista cambiar el rumbo para intentar lograr transformaciones que, aunque mínimas, logren sacar al país del abismo en el que se encuentra? ¿O acaso debemos esperar la llegada de otros oportunistas quienes, con la bendición de la elite económica, militar y del crimen organizado continúen saqueando a la nación guatemalteca?
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