Las leyes sobre la Memoria Histórica se implementaron por lo menos desde principios de este siglo, y es notable el hecho de que en esos países (incluyendo Guatemala, debido a la acción ejemplar de la oficina de la CICIG y del Ministerio Público) se ha encarcelado a exdictadores, militares y civiles responsables de crímenes.
Desde la llamada “Transición democrática de 1978”, los políticos de la derecha española, siempre proclives a simpatizar directa o indirectamente con los valores del fascismo, continúan abogando por la revisión o por la negación de aquellos episodios de la historia en los que sus antepasados ideológicos cometieron o apoyaron actos criminales contra el pueblo y contra las instituciones legalmente instituidas, argumentando que “desenterrar” el pasado vinculado a la guerra civil y a los cuarenta años de represión franquista, no hace sino reabrir las heridas y dividir nuevamente al país, razón por la cual siempre se han opuesto al intento de los distintos gobiernos socialistas de implementar una Ley de la Memoria Histórica como existe en Alemania, Italia y Japón.
No fue sino hasta el año 2007, bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero, que se promulgó por primera vez una ley semejante, que contemplaba el reconocimiento y ampliación de derechos para los que padecieron persecución o violencia durante y después de la guerra civil, así como la prohibición de símbolos y monumentos fascistas, aunque no se incluía la búsqueda y apertura de fosas comunes donde yacen los restos de las víctimas de la represión. Sin embargo, dicha ley fue derogada de facto con la llegada al poder del gobierno derechista de Mariano Rajoy, quien la dejó sin dotación presupuestaria, de manera que no pudo ser aplicada. Hubo que esperar hasta octubre de 2022, bajo el gobierno del socialista Pedro Sánchez, que dicha ley fue rehabilitada con el nombre de Ley de la Memoria Democrática, ampliando sus prerrogativas al conceder ayudas a las familias de las víctimas y permitir la localización e identificación de las víctimas cuyos cuerpos se encuentran aún desaparecidos. A pesar de ello, como dije en el artículo anterior, quedan todavía más de 6,000 símbolos de la dictadura fascista en calles y sitios públicos y privados del país, y su erradicación se enfrenta a una resistencia activa y pasiva importante.
En ese sentido, en los países latinoamericanos en los que hubo dictaduras militares durante los años setenta y ochenta del siglo pasado, como son Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Guatemala, las leyes sobre la Memoria Histórica se implementaron por lo menos desde principios de este siglo, y es notable el hecho de que en esos países (incluyendo Guatemala, debido a la acción ejemplar de la oficina de la CICIG y del Ministerio Público) se ha encarcelado a exdictadores, militares y civiles responsables de crímenes de lesa humanidad, cosa que en España, ni por chiste se ha podido hacer, ni siquiera en el plano simbólico, puesto que la mayoría de los implicados fallecieron sin ser jamás importunados por su conciencia, y menos por la justicia.
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Raúl de la Horra
Psicólogo clínico guatemalteco especializado en psicología social. Escritor y profesor universitario con experiencia en Francia, Alemania y Colombia. Actualmente radica en España.