El TSE no “promueve el ejercicio de la ciudadanía plena, igualitaria e inclusive” cuando privilegia la participación de criminales, narcotraficantes y personas con prohibiciones constitucionales
Cada cuatro años el proceso electoral evidencia la podredumbre del sistema y del Estado. Hoy Guatemala vive la instrumentalización del proceso electoral para favorecer a corruptos y criminales, quienes bajo el manto de la institucionalidad, otorgado por el ente responsable de “cuidar” el proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), actúan con impunidad y utilizan la democracia electoral para enriquecimiento y protección de privilegios.
El TSE fue creado en 1983. Según su página “para ser el organismo encargado de realizar elecciones libres y transparentes en Guatemala” pero, aunque diga ser “independiente y por consiguiente no supeditado a organismo alguno del Estado”, en el presente, con sus decisiones los magistrados están respondiendo a intereses políticos y económicos sectarios y podridos.
Es imposible que la institución “promueva el ejercicio de la ciudadanía plena, igualitaria e inclusive” cuando criminales, narcotraficantes y personas con prohibiciones constitucionales les esté permitiendo participar, mientras al binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) a pesar de cumplir con los requisitos se les niega el derecho a participar porque la candidata es una mujer indígena con base rural y el vicepresidente un abogado anticorrupción.
Dentro de sus “principios y valores” el TSE detalla el compromiso, la responsabilidad, credibilidad, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, certeza y transparencia que resultan una broma al compararlos con el actuar de los magistrados, pero que no sorprenden porque la manipulación del lenguaje es parte intrínseca de los estados autoritarios. Por eso, el dictador Efraín Ríos Montt llamó a su campaña genocida “Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo” y no “Plan de Exterminio y Reconcentración de Comunidades Civiles e Indígenas.”
Que el TSE haya sido creado, previo a la débil transición democrática, demuestra lo precario que ese momento fue y eso debería llevar a un cuestionamiento crítico sobre la necesidad de la reconfiguración de esas instituciones, que hoy, en vez de velar por un proceso democrático certero, están abonando a la impunidad y la corrupción en Guatemala. Además, es imposible pedir imparcialidad a un tribunal que es electo por el congreso de la república, el cual está integrado por los partidos más corruptos que tienen al país capturado.
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