Durante la última semana y media, el régimen totalitario de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, desterró y despojó de la nacionalidad nicaragüense a 222 presos políticos, condenó a 26 años de prisión y lo despojó de la nacionalidad al Obispo Rolando Álvarez, así como declaró apátridas a otros 94 nicaragüenses, considerados enemigos del régimen orteguista, que se encuentran dentro y fuera de Nicaragua. La imputación criminal es por supuesta “traición a la patria”.
La dictadura de los Ortega Murillo endureció la represión en contra de los opositores y disidentes, a raíz de las protestas que se iniciaron el 18 de abril de 2018 en contra de las reformas al sistema de seguro social, aunque algunos sostienen que el inicio de las mismas ocurrió el 7 de abril de 2018, con el incendio en la reserva Indio Maíz.
Entre los desterrados se encuentran ex candidatos presidenciales, exguerrilleros, periodistas, comunicadores, sacerdotes católicos, empresarios, políticos, exfuncionarios, estudiantes, activistas sociales, docentes y ex colaboradores del régimen autoritario.
El despojo de la nacionalidad conlleva la pérdida de la calidad de sujeto de derechos y obligaciones en Nicaragua, lo que supone la extinción de los derechos civiles patrimoniales (bienes muebles e inmuebles) y extra patrimoniales (nombre, estado civil, personalidad jurídica, capacidad legal), así como los derechos políticos y sociales.
La pérdida de la nacionalidad es el equivalente a la muerte civil, que consiste, en general, en la pérdida de los derechos civiles del castigado, aun cuando este no ha muerto biológicamente. La persona deja de ser considerada viva bajo una perspectiva jurídica. El ser humano deja de existir jurídicamente, ya que no puede interactuar legalmente con nadie. En la antigua Grecia, el destierro conllevaba la muerte civil y en la Alemania Nazi la aplicación del decreto Noche y Niebla llevaba implícita la pérdida de los derechos civiles.
Lógicamente, el despojo de la nacionalidad nicaragüense a los ex presos políticos, opositores y disidentes ha causado indignación y repudio entre la comunidad internacional, al extremo que el gobierno de España ha ofrecido investirlos de la nacionalidad española, a fin de que puedan recuperar su personalidad civil y su capacidad legal, que son derechos personalísimos.
A la fecha, la dictadura ha desautorizado o inhabilitado 3 mil oenegés, así como universidades, centros de enseñanza, operadores de radio y televisión y organizaciones religiosas; por otro lado, las fuerzas de seguridad y parapoliciales han ocupado, allanado y atacado empresas, iglesias, organizaciones sociales y casas particulares de opositores y disidentes. Asimismo, fueron ocupadas y expropiadas las instalaciones de la OEA y bloqueada la señal de CNN en español. Además, han sido expulsados del territorio nicaragüense religiosos católicos (prelados y monjas de la caridad), así como han sido encarcelados otros más; por cierto, sin que la alta clerecía haya reaccionado con la contundencia de otros tiempos.
Por si fuera poco, ha trascendido que la dictadura sandinista ha iniciado la confiscación y expropiación de inmuebles de los opositores y disidentes despojados de la nacionalidad nicaragüense, así como de sus familiares.