El Sistema de justicia: la principal arma de represión

Los principales grupos y sectores de poder que conforman el Pacto de Corruptos en Guatemala han ido lentamente retomando el poder judicial, con un objetivo: convertirlo en la principal arma que está siendo usada por ellos y sus sirvientes, quienes han sido ubicados en la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y Ministerio Público por mencionar a las principales instituciones, aunque no son las únicas, para reprimir, condenar, perseguir, acallar, torturar, encarcelar o enviar al exilio a funcionarios que han cumplido con el mandato que de acuerdo a sus cargos les han sido asignados. 

Al concluir esta semana, dos ejemplos ilustran esta represión judicial desde la Corte Suprema de Justicia, CSJ. El primero es el que corresponde al juez del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Carlos Giovanni Ruano Pineda, a quien por unanimidad la CSJ resolvió tramitar la solicitud para despojarlo del derecho de antejuicio a solicitud de una poderosa y violenta fundación que es el brazo operativo jurídico y en otras áreas del pacto de corruptos. Pero ¿Cuál es el delito que cometió el juez Ruano? Haber denunciado en 2017 que la Magistrada Blanca Stalling lo presionó para que le otorgara a su hijo Otto Molina Staling -inmerso en el caso de corrupción IGSS-Pisa- una medida sustitutiva.  Blanca Stalling enfrentó un proceso, pero en junio de 2022, el juez Víctor Cruz y la actual FECI operaron en conjunto para cerrar el caso y en septiembre de 2020, el pleno de la CSJ -que es la misma que ha dado luz verde en contra del juez Ruano- voto para que Stalling fuera reinstalada como Magistrada Vocal VII de la misma CSJ.   

Y el segundo, caso es el del diputado Aldo Dávila, quien se ha caracterizado por denunciar la corrupción dentro de la CSJ, el poder ejecutivo y el legislativo.  Ahora, esa misma corte en pleno, decidió retirarle la inmunidad que posee como diputado. Y ante la pregunta: ¿Qué delito cometió Dávila para que la CSJ proceda de esa forma? bueno, haber denunciado al exministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, quien siendo funcionario salió en sendas fotografías acompañado de tres mujeres semidesnudas.  Sí, el ministro responsable de atender las desigualdades y la enorme inequidad social, étnica y de género en Guatemala a pesar del escándalo, fue respaldado por el presidente y todos los poderes, siguió en su cargo, pero arremetió, usando el sistema de justicia en contra de Dávila, por eso le quitan la inmunidad.  

En ambos casos, los magistrados de la CSJ no están actuando conforme derecho al defender a quienes han incumplido, como funcionarios públicos con sus mandatos, por el contrario, es claro leer como la CSJ está defendiendo a Stalling y Romero, con el agravante que, en el primer caso, son juez y parte del proceso, en donde entre amigos se están beneficiando para sentar y promover la impunidad, de la mano de la inmoralidad.   Frente a estos magistrados y a esta CSJ ¿Qué le espera a los funcionarios y a la población honrada, qué no apoya sus acciones delincuenciales?