El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, conocido como una asociación gremial no lucrativa, que vela por el decoro, defensa y capacitación de sus integrantes a nivel nacional, el cual lleva desde sus orígenes el título de “Ilustre” y sin embargo lo último que pedimos a ellos es precisamente “ilustración”. Desde hace ya mucho tiempo se ha convertido en un instrumento de poder desprestigiado gracias a su capacidad de influir en las decisiones públicas, situación que debe revertirse.
Su importancia radica en la construcción social del Estado de Derecho y la obligación contenida en los artículos 34 y 90 de la Constitución Política de la República, que en marca la obligatoriedad de la colegiación profesional.
Una de sus principales funciones en esa construcción de Estado, es la de participar en la elección de las Cortes, del Fiscal General, Instituto de la Defensa Pública Penal, elección de autoridades de la Universidad de San Carlos, Rector, decano, entre otras, por lo anterior es apetecido la dirección y administración del citado Colegio.
En los últimos tiempos, se ha desnaturalizado su función para el agremiado y para la sociedad guatemalteca en general, conllevando una politización del mismo.
Derivado de ello, en los próximos comicios se han postulado 8 planillas que corren para la dirección de tan alto cargo gremial. De ahí que sea importante para el agremiado y la población, el que cambie ese oscurantismo y politización de tan importante institución.
Es tiempo de cambiar, innovar y sobre todo mejorar, para que no sigan siendo los mismos los que detenten el control del Colegio, lesionando los derechos e intereses de quienes representan. Hoy en día aumenta considerablemente año con año los miembros que pertenecen a este Colegio y con ello afrontan retos muy significativos en el quehacer de la profesión, por lo que hace obligatoria la transformación de este.
Es ridículo que 8 planillas compitan por la dirección de dicho Colegio, mostrando así una similitud con la realidad nacional, donde la fragmentación de opiniones devora todo el debate, dejando sin oportunidad a la solución de los verdaderos problemas que agobian al gremio y sobre todo haciendo de lado la responsabilidad hacia la sociedad. Si todo se vale para lograr el control del Colegio entonces todo se vale para lograr el control de la sociedad a través de la inusitada influencia que nosotros los Constituyentes le dejamos a dicho gremio, literalmente en la época “que se amarraban chuchos con longaniza”, queriendo decir que la honorabilidad de un abogado no se ponía en duda y es más, era visto con respeto y hasta admiración, si no veamos los grandes jurisconsultos que ha producido nuestra sociedad. Pero ese panorama se ve muy distante…
Existe una complicidad silenciosa dentro del gremio de abogados, que hoy día bien ganado se tienen el título de “aboganster y notorio”, con la debacle institucional que vive el estado. Pensemos en una Corte Suprema de Justicia que ya lleva más de 3 años de vencimiento constitucional del periodo, 2 magistrados del Tribunal Supremo Electoral con títulos falsos, etc.
Esta situación se debe revertir. Pero ¿dónde empieza el cambio?
Muy simple, la materia prima de todo es la formación profesional desde las universidades y luego la ética profesional inculcada y supervisada desde el Colegio de Abogados. En otros países los abogados pueden ser suspendidos en el ejercicio de la profesión por faltas a la ética y/o delitos, que es el ejemplo a seguir.
Insto a los profesionales que profesan la religión del derecho a acudir a votar este 15 de febrero en forma masiva y muestren su descontento con la situación actual de las cosas, o en caso contrario reafirmen que están de acuerdo con la actuación de sus autoridades.
Yo insto a votar por una planilla de jóvenes sin tacha, sin participación previa , representativos de toda la república para que con sangre joven e ideas nuevas se le de la correspondiente honorabilidad al gremio.
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