El deterioro de la atención al ciudadano en los Servicios Públicos de Empleo, la Seguridad Social, la Administración de Justicia, la Sanidad, y probablemente, también la educación, en los últimos años es una realidad. Si antes de la pandemia conseguir una cita con Hacienda, en el Sepe o en la Seguridad Social era una tarea más o menos al alcance de cualquiera en un periodo razonable de tiempo, hoy es una odisea . O tienes un certificado electrónico que te permita hacer los trámites por internet, los medios tecnológicos y los conocimientos suficientes para realizarlos, o estás perdido. Si tienes dinero, también puedes pagarte un gestor que se encargue de todo, pero para eso ¿para qué queremos una administración tan abultada? Y lo mismo pasa con la atención sanitaria en la mayoría de las comunidades autónomas. Antes de la pandemia era posible coger una cita con el médico de familia o con el pediatra en cualquier centro de salud. El problema de la Sanidad Pública siempre han sido las listas de espera para los especialistas y para las operaciones, pero el resto del sistema funcionaba razonablemente bien. Lo primero que se nos ocurriría pensar es que esto es la consecuencia de una caída de los efectivos públicos, pero si vemos las estadísticas, lo que vemos, especialmente en los últimos años, es que el empleo público ha crecido y además a un ritmo mucho más acelerado que el privado . Entre 2012 y 2014 hubo una reducción de casi 300.000 efectivos en el sector público. El Gobierno, entonces dirigido por Mariano Rajoy , hizo una apuesta con más o menos acierto por eliminar duplicidades entre administraciones y adelgazar lo que se consideraba un abultado sector público. Desde 2015, y especialmente en estos últimos años, con el Gobierno de Pedro Sánchez , no solo se han recuperado los puestos perdidos sino que hoy estamos en máximos históricos de empleo público . Hay más de 3,5 millones de personas trabajando al servicio de las distintas administraciones, medio millón más que hace tan solo un lustro, según las cifras del INE. Los datos publicados por el Ministerio de la Función Pública son algo distintos, pero también reflejan que el número de funcionarios y personal del sector público está en máximos. En concreto, las últimas cifras hechas públicas, que corresponden a enero del año pasado, reflejan que hay 2,7 millones de personas trabajando para la Administración. Si escuchamos a los sindicatos de médicos, de enfermeras, de la Seguridad Social, de la Administración de Justicia… las quejas son que falta personal y que están muy cargados de trabajo. Algo no cuadra . ¿Dónde está ese medio millón de personas que han contratado las distintas administraciones públicas en los últimos ejercicios? Insisto, algo no cuadra. Antes de seguir inflando el sector público con más y más funcionarios que se convierten en un gasto estructural, sería necesario una buena auditoría que determinase exactamente el empleo público que necesitamos y dónde. Y si hay que adelgazar una parte de la administración, que se haga, pero a la vez que se garantice que los ciudadanos que pagamos religiosamente nuestros impuestos obtenemos al menos una atención y unos servicios dignos. La digitalización es una ayuda inestimable para mejorar la calidad en la prestación de los servicios, pero no puede ser una excusa para desatender la atención personal al ciudadano.