Señor Millás, para alcanzar el avance digital de la Administración, aquí estamos los gestores administrativos. Antes de la pandemia, la Administración había empezado a mostrar síntomas de agotamiento . Menos funcionarios en la administración periférica de los que se precisan para atender todos los trámites que se solicitan (que contradicción, cuando más empleo público tenemos, menos empleados donde «se necesitan»). Recursos informáticos antiguos, obsoletos e insuficientes . Prolija legislación, a menudo excesiva, poco clara e incluso contradictoria. Según los discursos que recibíamos antes de la pandemia, la digitalización se encontraba en proceso, si bien no al ritmo necesario. Al menos, la Administración era consciente de la necesidad de digitalizar sus procesos y que el camino por recorrer era largo y arduo. Aquel 13 de marzo de 2020, en el que funcionarios se iban a casa con las torres y las pantallas de sus ordenadores (es real, eso sucedió), empezó la caída del castillo de naipes. Primero cayó el velo de la «digitalización», demostrando que poco o nada se había avanzado en ese campo. La ausencia de presencialidad en la mayoría de los organismos conllevó la paralización de estos. Poco a poco, la sociedad retomó la normalidad, pero no ocurrió lo mismo con la Administración. De hecho, hoy, la presencialidad ha ‘muerto’ para muchos departamentos . Y la poca presencialidad que se permite se ‘reparte’ entre ciudadanos, empresas y autónomos a través de la cita previa. ¿Y funciona? En una parte importante de la Administración, no. ¿Puede identificarse la cita previa como el origen de la ‘destrucción’ a la que se está viendo sometida la Administración? Para que la cita previa funcione, tiene que existir un equilibrio entre los trámites diarios que se demandan y el número de funcionarios dedicados a resolverlos. Si en el RCC (Registro Civil Central), por ejemplo, se realizan 1.000 trámites diarios, y cada trámite supone invertir 10 minutos por el funcionario, se precisarán 20 funcionarios de dedicación completa. Si hay 10, no será posible atender a todos los ciudadanos. Cuando el organismo, por falta de recursos, fija un número menor de citas de las que se precisan, y además se comprueba que hay citas a las que, una vez concedidas, el solicitante no acude, empezamos a generar serios problemas con la cita previa , al extremo de que hay departamentos u organismos que durante algunos meses no tiene disponibles citas previas. Poco a poco, un elevado número de dependencias administrativas están teniendo problemas serios con la cita previa. Cuando esta falla, el ciudadano podrá realizar, supuestamente, el trámite de forma telemática. No siempre esta opción es realmente accesible . Adicionalmente, la brecha digital, la falta de medios y el desconocimiento de la normativa alejan la posibilidad de realizar el trámite telemático a una gran parte de la población. En estos momentos, hay un número significativo de trámites administrativos con dificultades de acceso para los ciudadanos; algunos tan importantes como solicitar una pensión de viudedad. O solicitar un certificado de nacimiento por parte de un español residente en el extranjero para poder solicitar una subvención. Los gestores administrativos llevamos años colaborando con la Administración para simplificar los trámites. Hace ya años, por ejemplo, recibimos la encomienda de gestión por parte de la Dirección General de Tráfico para matricular y transferir vehículos de motor. Y creamos un canal digital para poder realizar estos procesos . Hoy, un ciudadano no tiene que acudir, si no lo desea, a la jefatura de tráfico para matricular o transferir su vehículo. La única administración no recaudadora (Agencia Tributaria) que funcionó sin problemas durante el confinamiento fue la DGT , como consecuencia de nuestra colaboración. La experiencia de los últimos diez años y, sobre todo, lo acontecido en los últimos tres, nos lleva a proponer a la Administración que se cree una relación especial con los Colaboradores Sociales, entre los que nos encontramos. Regular la relación entre la Administración y los Colaboradores Sociales puede facilitar la gestión de los trámites. El colaborador social puede atender al ciudadano, preparar el expediente, subsanar posibles errores en éste y su remisión al órgano administrativo a través del Colegio Oficial. El Colegio puede dar fe de la veracidad de la documentación. Y, a través de un canal propio, la documentación llegaría a la Administración para que el funcionario tuviera tan solo que resolver la solicitud. Mejorar la eficacia de la Administración es posible. Y no pasa, necesariamente, por contar con una Administración totalmente digital. Es obvio que debemos tender a eso, pero la digitalización será un proceso costoso, tanto en tiempo como en recursos. Mientras tanto, la colaboración social puede resolver un serio problema que afecta a todos los ciudadanos. Los Gestores Administrativos le lanzamos el guante a la Administración ; estamos dispuestos a avanzar en esta dirección. Le toca el turno a la Administración. Fernando Jesús Santiago Ollero es presidente del Consejo General de los Colegios de Gestores