El pasado viernes 3, alrededor de las 11:30, una camioneta blanca, con placas de Carolina del
Norte, cruzó la frontera internacional entre Estados Unidos y México, desde Brownsville, en el
estado de Texas, hacia Matamoros, Tamaulipas. Sus ocupantes, tres hombres y una mujer,
acudían a una cita médica, aprovechando la diferencia en los costos de la atención hospitalaria
en uno y otro lado de la frontera.
No bien los estadounidenses habían cruzado la frontera entre ambos países, fueron seguidos y
perseguidos por individuos armados, miembros de alguna de las bandas criminales que
dominan la plaza mexicana. Al no obedecer y detenerse, los perseguidores empezaron a
disparar sus fusiles; la camioneta chocó con otro vehículo y quedó parada a unas pocas cuadras
del palacio municipal. Los maleantes recogieron a las cuatro personas, dos probablemente
muertas, un hombre herido y la mujer aparentemente ilesa, y se retiraron ante la vista de
numerosas personas, algunas de las cuales lograron tomar videos del incidente.
Pronto se descubrió que las víctimas de la violencia y el secuestro eran ciudadanos
estadounidenses. El consulado norteamericano en Matamoros avisó a sus superiores del
departamento de Estado y estos iniciaron acciones para presionar al Gobierno mexicano en la
búsqueda y localización de los secuestrados. La presión resultó positiva. El martes 7 las
autoridades mexicanas localizaron a las cuatro víctimas, dos con vida y dos muertas. Sin duda
hay que reconocer la eficacia del equipo formado para resolver el caso. Sin embargo, miles de
mexicanos, cuyos familiares han desaparecido, se sienten agraviados por el desinterés de las
autoridades para localizar a las más de 110,000 víctimas de desapariciones forzadas en los
últimos dieciséis años. Parece que solo cuando el Gobierno estadounidense presiona al
mexicano este parece movilizar sus recursos y lograr resultados.
Es evidente que los incentivos pueden tener un gran impacto en la conducta de las personas,
las instituciones e incluso de los países. Influyen en las decisiones que se toman y en las
acciones que se realizan. Tanto los especialistas como el “saber popular” consideran que los
incentivos positivos logran mejores resultados. Se dice que “se cazan más moscas con miel que
con hiel”. Sin embargo, en ocasiones las amenazas de castigos tales como sanciones
económicas o políticas resultan en lograr los cambios rápidos deseados de las conductas. Así
sucedió en el trágico evento en Matamoros.
También es importante tener en cuenta que tales incentivos pueden tener efectos perversos no
deseados. La intervención de las autoridades estadounidenses presionando al Gobierno
mexicano para que actuara y localizara a sus ciudadanos secuestrados ha generado tanto
un creciente enojo contra dicho Gobierno como contra el norteamericano, al recordar las
innumerables intervenciones estadounidenses, especialmente en la “tres veces heroica
Matamoros”, localidad que al menos tres veces en su historia ha sufrido invasiones militares del
vecino del Norte.
Por otra parte, los miles y miles de ciudadanos norteamericanos que pierden la vida por el
consumo de drogas en los Estados Unidos están haciendo crecer la pretensión de que ese
Gobierno intervenga directamente en los asuntos del narcotráfico en el territorio mexicano,
amenaza percibida en México como un grave ataque a su soberanía, que podría hacer ver a los
corruptos Gobiernos federal y local como paladines de la independencia nacional. Es claro que
la creación de cierto tipo de incentivos, llamados “perversos”, motivan a las personas,
instituciones y países para que actúen de manera contraria a la esperada y deseada.
En resumen: los incentivos pueden ser una herramienta poderosa para influir en las conductas
de las personas e instituciones, pero es importante diseñarlos cuidadosamente y considerar los
posibles efectos secundarios, para asegurarse de que estén alineados con los objetivos a largo
plazo.