En una sociedad en donde las garantías y los derechos se desarrollan plenamente y el Estado en su conjunto propicia todas las condiciones para que estos no sean violentados, se puede hablar de una sociedad democrática. Y, hoy, Guatemala está muy lejos de serlo.
Que todas las personas emitamos nuestras opiniones y denunciemos hechos con los cuales estamos inconformes es libertad de expresión. Que los periodistas tengan los condiciones para realizar su trabajo y que este sea protegido de conformidad con las leyes nacionales e internacionales también es libertad de expresión. Sin embargo, este derecho, protegido por la Constitución Política de la República de Guatemala, está siendo violado de forma sistemática por el Estado, quien tiene la obligación de protegerlo.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, señala que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye no ser molestado a causa de sus opiniones, investigar, recibir informaciones y opiniones, así como difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio. Otro sinnúmero de instrumentos internacionales hace referencia a lo fundamental que es este derecho. Así mismo, los constituyentes que redactaron la Constitución Política de 1985 consideraron que este derecho es tan fundamental, que no solamente lo plasmaron en la Constitución, sino que elaboraron una ley específica de rango constitucional, a decir, la Ley de Emisión del Pensamiento. Esta ley estipula que la libertad de pensamiento no podrá estar sujeta a previa censura, que la libertad de información es irrestricta y que los periodistas tendrán libertad a fuentes, en concordancia con las obligaciones de la administración pública de brindar información.
En los últimos meses este derecho está siendo coartado y violentado a través de personajes que procuran mantener sus intereses espurios y procurar impunidad. Ello se materializa en periodistas agredidos por las mismas autoridades que tienen la responsabilidad de brindar seguridad y en la criminalización del solo hecho de formar parte de un medio de comunicación, como lo es El Periódico. En otros casos más graves se han verificado ataques en contra de la libertad de expresión, al mismo tiempo que se atacan la vida y la indemnidad sexual de mujeres periodistas en función de la labor que realizan. Varias de ellas se encuentran en el exilio para resguardar su integridad. Los ataques antes mencionados no solo afectan a periodistas, también a la población en general, la cual tiene derecho a la información, lo cual implica que la administración pública debe rendir cuentas de su trabajo.
En plena campaña electoral, quienes compiten por cargos públicos tienen la obligación, dentro de sus planes de trabajo y planes de gobierno, de presentar líneas claras para proteger el derecho a la información y a quienes hacen la labor de comunicarla. La población tiene el derecho de tener información de los gobernantes de turno y cómo se manejan los fondos públicos.