Lo que está sucediendo en Israel es digno de análisis.
Cientos de miles de israelitas han estado protestando vigorosamente y desde hace varias semanas, en contra de un “combo” de iniciativas de ley propuestas por el gobierno del Primer Ministro Netanyahu que, de ser aprobadas por el parlamento, tendrían un gran impacto en la estructura gubernamental de dicha nación. No solamente provocaría que el Ejecutivo tenga más injerencia en la designación de jueces, sino que, además, reduciría significativamente el “poder” que tiene la Corte Suprema de Justicia.
Que no es muy distinto al que tiene, por ejemplo, nuestra Corte de Constitucionalidad, o la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos de América (SCOTUS por sus siglas en inglés): dejar sin efecto leyes o normas que contradigan o se opongan a una norma constitucional (la llamada inconstitucionalidad de normas, o judicial review más ampliamente).
Lo particularmente curioso del sistema jurídico del Estado de Israel es que no tienen una Constitución escrita, como lo suelen tener la vasta mayoría de países (de hecho, yo en este momento solo podría mencionar a Inglaterra como el otro país que no la tiene). Y sin embargo, sí cuentan con “leyes primarias” o “fundamentales” que sirven de parámetro de validez para el resto de normas.
¿Qué ha motivado tanto interés por parte del actual gobierno israelita de empujar tan fuertemente esta reforma legal y judicial de su país? ¿qué hace que eso mismo haya provocado las manifestaciones de rechazo más grandes de la historia de Israel?
Vale la pena buscar información sobre las causas de todo esto.
Al parecer, los políticos estiman que la Corte Suprema de Justicia se ha constituido en una especie de “activista” en materia de ciertos derechos humanos, y no siendo un órgano electo popularmente, puede derogar leyes y disposiciones que emiten tanto el Parlamento como el Ejecutivo, respectivamente, y al parecer, lo hace muy seguido.
Los conocedores explican que hay un tema ideológico (para variar) donde el partido del actual Primer Ministro tiene una visión muy diferente del futuro y los asuntos clave del país, de la visión que proyectan los más “liberales” y “pro-derechos humanos” jueces. Y consideran que con ese gran poder judicial que tienen, ejercen autoridad aún más relevante que los funcionarios públicamente electos (lo que tiende a denominarse “el gobierno de los jueces”).
Pero lo que vale la pena es analizar las multitudinarias manifestaciones de protestas. A mí me parece que la gente que protesta no lo hace por razones ideológicas. Lo que probablemente (me atrevería a apostar por ello) los une a todos, es saber que si pierden la independencia de los jueces, se “pierde la última frontera” entre la democracia y el autoritarismo. Entre la libertad y la opresión. Entre la esperanza y la desesperanza. Entre la confianza y el miedo.