El lunes pasado inició oficialmente la campaña electoral. El comienzo de este periodo se ha visto manchado por una serie de decisiones erráticas y contradictorias del Tribunal Supremo Electoral. Estas han venido a enturbiar todo el proceso ya que, sus contradicciones generan dudas sobre la capacidad para poder llevar a cabo de forma correcta el evento electoral.
Desde la creación del TSE fue, quizás, la institución del estado que mayor prestigio tuvo. Esto, debido a la calidad de sus magistrados; profesionales del derecho que eran antecedidos por una reputación intachable. Sumado a ello, su desempeño y transparencia en los distintos procesos electorales, así como el profesionalismo de todo su personal, lograron una la plena confianza de los guatemaltecos.
Lamentablemente las actuales autoridades rectoras en materia electoral están lejos de la altura de sus predecesores. Desde un inicio de su periodo se les hicieron una serie de acusaciones que ponen en duda su idoneidad e inclusive su capacidad para poder dirigir correctamente al ente rector en materia electoral.
Con el tiempo, las dudas lamentablemente se han acrecentado. No había terminado aún de convocarse a elecciones generales, cuando las resoluciones que son, cuando menos, contradictorias, por no decir atentatorias contra el derecho, comenzaron a aparecer. La forma errática en que han decidido sobre la idoneidad o no de ciertas candidaturas contribuye a que los guatemaltecos pierdan confianza en todo el proceso.
Como muestra de ello el tribunal ha impedido la participación de algunos candidatos. Sin embargo, sí ha aceptado la de otros candidatos que adolecían de los mismos supuestos impedimentos. El colmo de esta situación es el caso de Manuel Baldizón, quien ya había sido inscrito pero en un procedimiento a todas luces irregular fue eliminado por propio tribunal. Otros casos emblemáticos fueron la descalificación de Roberto Arzú y de Telma Cabrera. Por su parte, en el partido UNE sobresale la inscripción varios candidatos, especialmente a alcaldías del departamento de Guatemala, con serios señalamientos y casos de corrupción abiertos en los tribunales, levanta muchas sospechas.
Es imperativo que los magistrados del TSE se den cuenta de la responsabilidad que conlleva su alta investidura, ya que son los garantes de la legitimidad del proceso electoral. Que de sus decisiones depende en buena medida la credibilidad que los guatemaltecos tengan en las próximas elecciones. De momento parece que no se percatan aún de todo esto; y de seguir así podría peligrar todo el proceso electoral con sus consabidas consecuencias nefastas. Ya que un resultado dudoso o contestado en los próximos comicios podría decantar en actos de violencia.