EL ENSAYO EXITOSO. En un “convenientemente” olvidado suceso, en abril del año 2021, el Juzgado Séptimo Penal, resolvió enviar a juicio a Gustavo Adolfo Castillo González y a Beny Obdulio Román Chanquin, director y subdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral, señalados por la Fiscalía de Delitos Electorales del MP de ser los responsables de “inconsistencias” en el traslado de datos durante la primera vuelta de las elecciones del 2019.
Ambos funcionarios fueron destituidos, posteriormente capturados un año después, llevados a las carceletas y convenientemente dejados en libertad, habiendose programado para el 22 de marzo de este año 2023, el inicio del juicio contra ambos funcionarios. Faltan tan solo 17 días.
Según el TSE, el programa duplicaba los datos que aparecían en la casilla 11, con la casilla 21, mientras que en la casilla 22, se copiaban los datos ingresados en la casilla 12 y así sucesivamente hasta llegar a la casilla 26. Dicho error se repetía de manera continua. La increíble paja del #PATRON 21. Los sistemas informáticos no se digitan con topes antojadizos.
Las “inconsistencias” nunca fueron aclaradas, a pesar de las protestas y pruebas contundentes de varios partidos políticos afectados y el “sistema” callo oficiosamente y archivó las actas. El fraude estaba consumado; el “sistema” había logrado colar a la segunda vuelta, previa exclusión de Zury Ríos, al actual mandatario con tan solo 614,025 votos, es decir el 13.96% del total de los votos emitidos. Torres, la ganadora de la primera vuelta, obtuvo en esa ocasión 1,122,909 votos válidos, es decir 25.53 % del total. El ganador había jurado que la encarcelaría.
De allí, el camino a la jefatura de Nación, todo era miel sobre hojuelas; bastaba con exacerbar el anti voto de Torres. En segunda vuelta, el Dr. Timo Chenko sorpresivamente “triplicó” su caudal electoral, para obtener 1,907,801 votos, mientras que su adversaria obtenía 1,384,112 votos, es decir tan solo 261, 203 votos más que en la primera vuelta. Nunca se dedujeron responsabilidades a los cinco magistrados titulares de esa época. Misión cumplida.
EL PRIMER INTENTO: Inicios del año 2020, en la soledad de su consultorio sin pacientes, el Dr. Cha Cha Cha, ávido de poder y control, en medio de la oportuna pandemia, inicia un proyecto secreto, destinado a implementar un software destinado a sustituir el obsoleto y poco creíble software del TSE, con el propósito de crear y controlar su propio software para la trasmisión y conteo de votos en las elecciones del 2023. Para ello contrató al Ingeniero Ronald M., a quien le asignó un piso entero, en un edificio de la zona 11, y un presupuesto de Q. 30 millones.
El proyecto nunca despegó, ya que el Ingeniero R.M. encontró dentro del TSE, desde el inicio, una oposición férrea de su tocayo, el Ingeniero R. Figueroa, nombrado por el magistrado Mynor Franco, a instancias de Thelma Aldana, a proporcionarle la información necesaria para la configuración de la base de datos que el Ingeniero R. M. necesitaba para el proyecto de verificación y transmisión de datos que le había encargado el Dr. Merengue. La OEA tampoco avaló el proyecto. El ingeniero salió del país, y los quetzales también.
SEGUNDO INTENTO: Durante la toma de posesión de Xiomara Castro, algunos de los actuales magistrados del TSE, entraron en contacto con personeros de la empresa Smartmatic, especializada en servicios tecnológicos para procesos electorales, y los invitaron a participar en Guatemala, habiéndoseles adjudicado un contrato para proveer un sistema de digitación de actas, transmisión de resultados, conteo de votos, sistemas biométricos, equipo de cómputo y otros servicios para las elecciones del 2023
Sin embargo, presionados por las cámaras empresariales, y organizaciones de la sociedad civil afines a las mismas, los magistrados desistieron de la adjudicación de dicho proyecto previa humillación presencial, por parte de varios de los representantes de la Cámaras. El proyecto de Smartmatic, en principio, no era objetado por “La Embajada”, sin embargo, por razones de percepción local, en un contexto polarizado, la empresa fue acusada de pertenecer a Soros y desterrada “ipso facto”. Su pecado, quitarle el control de la “cadena de custodia” a la “ciudadanía” y sacar de su zona de confort a los probos garantes de la transparencia.
Esta percepción, aunada a la sospecha que la empresa podría favorecer a cierto candidato no afín al sistema, el hecho que su representante legal fuera un ex viceministro de gobernación de la actual administración, así como su presurosa y reciente inscripción como sucursal de la empresa matriz en Guatemala, terminaron de sacar del negocio a la empresa Smartmatic. En esa ocasión, el CACIF pidió al TSE posponer hasta el 2027 la aplicación de nuevos sistemas.
TERCER INTENTO: El 28 de febrero recién pasado, el TSE comunicó a los guatemaltecos la adjudicación del servicio de un programa informático para la transmisión de resultados electorales 2023 a la empresa Datasys Guatemala S.A. por un monto de Q148 millones, la cotización más alta. Todos sabemos cuál es el destino del sobreprecio en las contrataciones. Un día antes, el ex diputado Mario Taracena declaró, en una entrevista radial, que los magistrados del TSE recibían, por parte del mandatario, un pago de Q 40,000.00 mensuales. ¡Qué nervios!
Datasys ha sido cuestionada en Honduras y vetada en Colombia por incumplimientos legales, tal y como se lo hizo saber al gobierno local, por escrito, la conservadora senadora colombiana María Fernanda Cabal Mollina. Curiosamente, la empresa Datasys estaba precalificada con un monto de Q 120 millones de capacidad económica, hasta que el 16 de febrero de este año, a 12 días de la adjudicación, su precalificación, inexplicablemente, aumentó a un monto de Q 199 millones con vigencia hasta el año 2024.
Previo a la adjudicación, por instrucciones expresas del propietario del TSE, se viajó y se sostuvo una reunión secreta en Costa Rica con los socios propietarios de la empresa, nacidos en Costa Rica y residentes en Honduras, para afinar “detalles” del audaz proyecto.
Datasys está asociada con la empresa mexicana PODERNET, S. A. de C. V. cuyo propietario, por amigos mexicanos comunes, tiene derecho de picaporte con el señor mandatario. Las instrucciones recibidas son muy claras, previa exclusión de Thelma Cabrera y Roberto Arzú, se permitirá que las dos damas participen. Una de ellas, encabezara la primera vuelta, seguida, oh milagro, por el candidato oficial, para un negro “deja vu” de las elecciones del 2019. Difícil, pero no imposible, si se acompaña el proceso con la narrativa adecuada, la cómplice “institucionalidad”, y la no presencia de misiones de observación electoral internacionales.
Ya, supuestamente lo decía Stalin: “No importan los votos, sino quien los cuenta”. Un ordinario depravado, con poder extraordinario, no para de contar, la democracia como algoritmo.
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