Espero que nunca llegue a suceder, pero si llega a suceder, los responsables de no haber actualizado la legislación bancaria para que se pueda afrontar una crisis bancaria sistémica, se encontrarán con nombres y apellidos en el Congreso de la República, en donde tienen engavetada desde 2016 la iniciativa de ley 5157, de Junta Monetaria, que dispone reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros.
A los responsables de que no se pueda resolver una eventual debacle, que espero que nunca llegue a suceder, los encontraremos entre los diputados rasos, jefes de bloques parlamentarios y juntas directivas que no han querido poner en agenda y aprobar las tan necesarias reformas.
Acaso serán aquellos que tanto en el Congreso como fuera del mismo (tras bambalinas), a quienes no les importa que los depositantes del sistema bancario pierdan su dinero, cuando uno de los bancos sistémicos tenga problemas y la legislación vigente no sea suficiente para resolver la crisis.
Los mismos que no quieren que pueda identificarse la concentración del riesgo de crédito en grupos económicos, que podrían poner en riesgo la situación financiera de las instituciones bancarias y, en consecuencia, el dinero de los depositantes (monetarios, ahorro y a plazo), para lo cual la Superintendencia de Bancos (SIB) necesita identificar la existencia de esas “unidades de riesgo”, ya sea por razones de propiedad, administración, estrategias conjuntas de negocios y otras, que en realidad son un mismo riesgo financiero.
Seguramente los que se han venido oponiendo a esta reforma son quienes no quieren que se fortalezca la central de riesgos crediticios que funciona en la SIB, para que ésta pueda incorporar la información crediticia de cooperativas y otras entidades que otorgan préstamos y así prevenir el sobreendeudamiento de la población guatemalteca.
Los que se oponen son aquéllos que no quieren que la Junta Monetaria pueda exigir a lo bancos un mayor nivel de capital para mejorar su solidez patrimonial, cuando muestren una excesiva acumulación de riesgos.
Y me imagino que son los mismos de siempre, que mantienen al país en el ostracismo retrógrado en materia de previsión y supervisión financiera, quienes tampoco quieren que se cuente con un instrumental legal para preservar la estabilidad financiera y económica, a través de mantener abierta y en funcionamiento a una determinada institución bancaria sistémica, con el fin de proteger el dinero de los depositantes.
Este fortalecimiento a la red de protección bancaria debe hacerse porque hoy no existe el andamiaje legal pertinente para el manejo de estas situaciones sistémicas. Sólo Guatemala no lo posee. Tristemente. El que tenga ojos y oídos, que atienda.