Los peligros de la militarización de las policías

Cinco jóvenes fueron muertos y uno más gravemente herido por elementos del ejército mexicano, el pasado fin de semana, en la fronteriza ciudad de Nuevo Laredo. Siete de ellos transitaban en la madrugada por las calles neolaredenses, en una camioneta pickup, cuando fueron perseguidos y baleados por una patrulla militar que hacía rondas policiacas. De inmediato los vecinos salieron de sus casas y evitaron que los militares alteraran la escena. Los jóvenes asesinados no portaban armas ni drogas. “Por desgracia son más de mil ‘civiles’, ciudadanos inocentes, que han sido prácticamente ejecutados por patrullas militares en los últimos cuatro años”. Estas masacres de civiles por militares comenzaron en diciembre del 2006, cuando Felipe Calderón, asumió la presidencia de la República Mexicana e ilegalmente ordenó a los militares ejercer funciones policiales.

Los ejércitos y las fuerzas armadas están diseñados para proteger y defender el territorio de un país, mientras las fuerzas policiales están diseñadas para mantener la ley y el orden público en el país. Aunque tanto el ejército como las fuerzas policiales tienen la responsabilidad de mantener la seguridad, la función y los objetivos del primero y las segundas son muy diferentes.

El artículo 129 de la Constitución de México establece que las fuerzas armadas tienen como función la defensa de la soberanía del país, la seguridad interior y la garantía de la paz y el orden público, pero no les permite realizar tareas de seguridad pública de manera permanente; de hecho, señala: “en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.

Se puede afirmar que los ejércitos no deben ejercer funciones de policía en tiempos de paz, ya que esto puede ser una amenaza a las libertades civiles y la democracia, y causar incluso la militarización del Estado. Sin embargo, el Gobierno puede autorizar a las fuerzas armadas que ejerzan funciones de policía, siempre y cuando se ajusten a limitaciones y controles legales.

Cuando los ejércitos ejercen funciones de policía, deben seguir las leyes y regulaciones nacionales e internacionales. El uso de la fuerza debe ser proporcional y estrictamente necesaria, y los derechos humanos deben ser respetados en todo momento. Además, los militares deben recibir capacitación especializada para realizar tareas de aplicación de la ley y la justicia, bajo un estricto control legal y democrático.

Sin embargo, en situaciones excepcionales, como la falta de capacidad de las autoridades civiles para garantizar la seguridad pública, el presidente de la República puede ordenar a las fuerzas armadas que participen en tareas de seguridad pública, siempre y cuando se respeten ciertas condiciones legales: 1. debe existir una declaratoria formal de “amenaza a la seguridad interior” o “estado de excepción”,  que permita la intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública; 2. la intervención de las fuerzas armadas debe ser temporal, limitada y proporcional a la situación que se enfrenta; 3. las fuerzas armadas deben actuar bajo el mando y la coordinación de las autoridades civiles, quienes tienen la responsabilidad de dirigir y supervisar sus operaciones; 4. las fuerzas armadas deben respetar los derechos humanos y las garantías constitucionales, así como las normas y principios del derecho internacional humanitario; y 5. las operaciones de las fuerzas armadas deben estar sujetas a un régimen de transparencia y rendición de cuentas, que permita la supervisión y el control de las autoridades civiles y la sociedad civil.

En resumen: dieciséis años de mantener a las fuerzas armadas en las calles mexicanas ejerciendo funciones policiales no han hecho sino desprestigiar al ejército y generar miles de muertos y desaparecidos. Ya es tiempo de devolver al ejército a sus cuarteles y profesionalizar a las policías constitucionales. Sólo así México recobrará la paz.