Resulta difícil encontrar evidencias de una contienda electoral democrática en Guatemala. Lo que sobresale son los señalamientos que van desde un posible fraude hasta la consolidación de una dictadura, el retorno al escenario político de ex funcionarios señalados por actos de corrupción o por su nulidad para gobernar con enfoque social y las denuncias (dentro y fuera del país) contra funcionarios públicos por presuntas irregularidades cometidas en la inscripción de candidaturas.
El panorama sin duda es poco alentador, ya que toda la maquinaria del aparato estatal junto con sus financistas está trabajando con el objetivo de simular un juego democrático. Recurre a la difusión de mensajes simplistas sin contexto y opiniones superfluas o cínicas que invisibilizan las ilegalidades cometidas. El escenario político está saturado con discursos de odio e informaciones falsas y con reportes que criminalizan a opositores del sistema (activistas sociales, periodistas y comunicadores comunitarios, operadores de justicia), bajo la consiga falaz que esas acciones forman parte de un supuesto “combate a la impunidad”.
Más del 80 por ciento de las opciones partidarias reconocidas oficialmente son partidos de derecha o extrema derecha, cuyos postulados son muy parecidos por sus enfoques conservadores y jerárquicos, además porque sus liderazgos están vinculados o subordinados a ex jefes militares violadores de derechos humanos, a cúpulas empresariales o del crimen organizado, a altos representantes de iglesias fundamentalistas empeñadas en inhibir libertades para las mujeres y las personas no heterosexuales.
Vale entonces invitar a la reflexión a quienes dicen defender derechos democráticos, asumiendo tareas de proselitismo para elegir al próximo presidente de la República, las 160 diputaciones del Congreso y las 340 jefaturas municipales: ¿Qué hacer –en estas condiciones– para difundir las miradas críticas e iniciativas políticas de las mujeres, evidenciar las posibilidades de transformar la indignación en acción política comprometida con cambios profundos y fundamentar la validez de las propuestas emancipadoras para todas las personas.