A las 4:20 horas de la tarde del 20 de abril, en muchas partes del mundo, se observa informalmente el día de celebración del cultivo y consumo de la marihuana. El lema de “420” o “4/20,” pronunciado cuatro-veinte, se ha convertido en parte de la jerga coloquial de los consumidores de cannabis que anualmente hace referencia de cada año.
Como trasfondo a las festividades, el panorama político-legal en el hemisferio muestra una tendencia creciente hacia la despenalización de la marihuana en los últimos diez años. Uruguay fue el primer país del mundo en legalizarla recreativamente en 2013. En EE.UU., desde 2020 al menos 15 estados permiten su uso recreativo y medicinal es legal de alguna forma en 30 estados, caso similar al de Canadá. Los mexicanos se unieron al listado de países en 2021, cuando la Suprema Corte de Justicia de México aprobó la anulación de la prohibición del uso lúdico del cultivo. Varios países de la región han aprobado la marihuana para uso medicinal, incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Panamá, Paraguay y Perú.
La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que más del 80 por ciento de todos los delitos de drogas a nivel mundial son por posesión personal. Como la droga controlada más consumida en mundo, la gran mayoría de las personas criminalizadas lo serán por el uso o posesión del cannabis. En muchas partes del mundo, las personas condenadas por poseer o consumir cannabis serán encarceladas. Incluso cuando el delito penal de uso o posesión conlleva un riesgo insignificante de encarcelamiento, sentar antecedentes penales puede cambiarle la vida a una persona. El efecto de la criminalización puede afectar profundamente las oportunidades laborales y educativas, el acceso a los beneficios estatales y la vivienda social, además de aumentar el estigma y la marginación.
El consumo y su despenalización de la marihuana sigue siendo un tema tabú en nuestro país. Lejos queda el 2014, cuando el gobierno nacional reiteraba su voluntad de legalizarla junto con la amapola. Hoy, la legislación sobre drogas en el país, como en la mayoría de países centroamericanos, tipifica como delito la tenencia de drogas para consumo personal, cuyas penas pueden oscilar entre los cuatro meses y los dos años. A pesar de que el uso de cannabis con fines recreativos sigue estando prohibido, Guatemala debe de reformar su política de drogas y retomar su política de despenalización, para favorecer una sociedad más pacífica y con menos criminalidad.