Hay una lista de candidatos que no fueron inscritos porque el TSE dijo que, o no tenían la idoneidad, o tenían procesos de diversa naturaleza pendientes. Eso si nos atenemos a las versiones que han circulado. Un caso es Aldo Dávila, que, como diputado, alcanzó el récord de audiencia con sus criticas al trabajo dentro del hemiciclo y a los errores y falencias del gobierno. De acuerdo con los datos, una emisión desde el hemiciclo alcanzo la suma de 250 mil personas conectadas, y una semana después, la cifra fue de unos 8 millones de vistas.
Este candidato fue borrado de las listas del TSE por denuncias que habían presentado ministros y otros funcionarios, molestos por haber sido auditados, interpelados, criticados por Aldo Dávila. Eso no se mantiene en pie, ni es parte de las atribuciones de un TSE cuya función debería ser solo la de organizar las elecciones y contar los votos. Aunque eso es parte de una reforma pendiente.
Otro caso es el de Juan Francisco Solórzano Foppa. En este, se acude a denuncias o trámites en algún juzgado, pero que no son un impedimento real para participar de un proceso electoral democrático. Foppa, como se conoce, ocupa hoy el segundo lugar de preferencia electoral para la municipalidad capitalina, aparte de haber sido desde la SAT, quien obligó a los empresarios a pagar impuestos millonarios por la primera vez en la historia de este país. Aceros de Guatemala pago unos Q800 millones, Energuate unos Q150 millones, Camino real unos cien, y así, otros cuantos. El ciudadano de a pie lee en la exclusión de Foppa una clara venganza de origen empresarial. Pena.
Hay el caso del MLP, cuyo binomio fue vetado por la falta de finiquito, que tenía su vicepresidenciable Jordán Rodas, exprocurador de derechos humanos, con lo cual Telma Cabrera, su presidenciable, cuarto lugar en las pasadas elecciones, queda fuera de este proceso. Aquí se observa revanchismo por el rol jugado por el ombudsman en contra del pacto de corruptos y por su apoyo al trabajo de la Cicig. Pero, sobre todo, por la propuesta antisistema del MLP.
Otro candidato excluido es Roberto Arzú, de Podemos. En este caso, un cachorro de la oligarquía es vetado por planteamientos que rozaban lo antisistémico, pero, sobre todo, por denuncias de corrupción alrededor de un presunto negocio millonario en el INDE. Con razones en donde la opacidad es reina, se le deja fuera y ello es un déficit para la democracia.
Candidatos con antecedentes penales claros son excluidos. Técnicamente sí podrían ser inscritos, pero se trata de procesos ligados a la corrupción, confesos, y condenados fuera del país, pues aquí… ya sabemos. Mientras tanto, se inscriben otros, entre los cuales, la clica de un tal Pineda. Vemos con claridad que hay dos pesos y dos medidas en las decisiones del TSE. Con esto, la democracia sigue a la deriva.
Finalmente, de 2.8 millones de migrantes que viven en los EUU, solo 90 mil podrán participar en las elecciones. Junto con ello, datos nos dicen que son unos 4 millones, o sea casi el doble de lo que dicen las autoridades. Si a ello le sumamos unos 2 millones de jóvenes sin empadronamiento, pues no tienen mayor interés en las elecciones, resulta que hay un porcentaje alto de gente que no asistirá a votar por las razones que se enumeran. Los datos no son complacientes.