El 19 de noviembre de 1863, Abraham Lincoln afirmó que una verdadera democracia republicana exige la igualdad de todos ante la ley, sin distingo ni discriminación alguna. A menos de 55 días para que los guatemaltecos elijamos nuevo gobierno central, diputados (nacionales, distritales y del Parlamento Centroamericano) y alcaldes (con sus concejos municipales), los binomios presidenciales nos mienten o no quieren reconocer las limitaciones que tendrán a su poder.
Ofrecen transformaciones y cambios (pena de muerte, eliminar o agregar impuestos, aumentar o disminuir el presupuesto nacional, crear o eliminar instituciones públicas, etc.), engañando a la población porque saben que muchos de sus ofrecimientos de campaña sólo los podrían cumplir si llegasen a tener el respaldo de la mayoría del Congreso de la República, que probablemente será el más fragmentado y dividido de la historia.
El presidente de la República no puede llegar a cumplir su plan de gobierno ni lograr gobernabilidad democrática sin el respaldo político del Congreso. En la última campaña, el partido político que llevó a la presidencia al doctor Giammattei presentó un Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, completo y abarcador, que después convirtió en su Política General de Gobierno 2020-2024. No obstante, sin respaldo político del Congreso, el gobernante no podía llevarlo a cabo sin el apoyo de la mayoría de los diputados que pertenecían a otros partidos.
El Organismo Ejecutivo depende del Organismo Legislativo para funcionar y poder llevar a cabo sus planes, porque los diputados tienen el poder de aprobar, modificar o improbar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, entre otras muchas potestades, de fiscalización y control, o para la elección de funcionarios claves. De allí devienen las negociones políticas que, en otros países con sistemas parlamentarios, se traducen en gobiernos de coalición, en donde el gabinete de ministros se conforma por miembros de varios partidos.
Aunque presidencialista, nuestra Constitución le otorgó al Congreso poderes que han convertido a nuestro país en un régimen semiparlamentario. Para brindar su apoyo al Ejecutivo, es comprensible que los diputados busquen llevar obras, bienes y servicios públicos a sus distritos electorales. Lo que es inmoral y debiera ser perseguido y penado drásticamente es que diputados, funcionarios o autoridades brinden ese apoyo o estén al servicio del Gobierno Central a cambio de prebendas, contratos de obra, sobresueldos, comisiones o coimas, plazas o favores.
Lograr la gobernabilidad es deseable pero siempre que prevalezca el bien común y los genuinos intereses de la Nación. Jamás a cambio de corrupción e impunidad.