Muy pocos dudan de que Venezuela necesita un cambio profundo y una muy exigente reconstrucción. En eso coinciden los que simpatizaron con el “socialismo del siglo XXI” y los que se opusieron a él. En su reciente reunión la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) recogía este consenso en apretada síntesis: “Nos preocupa la pobreza generalizada; las fracturas de las familias producto de la migración forzada de millones de venezolanos; el creciente número de niños, adolescentes y adultos mayores desnutridos, con sus irreversibles secuelas para su vida; la inequidad social y económica; el deterioro de los servicios públicos y de salud; el desmantelamiento de las industrias básicas; la falta de seguridad jurídica; la corrupción administrativa e impunidad generalizada; las limitaciones para la movilización por la falta de combustible y de transporte; el deterioro ecológico de extensas áreas, que afecta principalmente a los pueblos indígenas; el control que en algunas zonas ejercen diversos grupos irregulares armados. Así mismo, la violación de los derechos humanos y políticos que lleva consigo persecución, inhabilitación, represión, torturas y supresión de libertades. Igualmente, la gravísima crisis educativa que se manifiesta, entre otras cosas, en la deserción escolar y docente, los bajos salarios de los maestros y profesores, el deterioro de las infraestructuras escolares” (Nº 6 y 7).