Muchos recordarán el letrero colgado en el comando de campaña del entonces candidato a presidente, Bill Clinton, en las elecciones estadounidenses de 1992: “It`s the economy, stupid!” Al focalizar la atención en los problemas económicos que en ese momento preocupaban a la población, derrotó a George H. W. Bush (padre), presidente en ejercicio. Parafrasear esa consigna para la Venezuela actual, pero poniendo el acento en el término alternativo, la política, pudiera desencajar en momentos en que la gran mayoría de la población sufre las consecuencias de la catástrofe económica urdida por el peor gobernante que ha conocido Venezuela, Nicolás Maduro. Por demás, a pesar de que quienes conducen el protectorado han privilegiado lo económico al concentrarse en la recuperación de la producción petrolera y, recientemente, en el acceso a la extracción mineral en Guayana, las condiciones de vida de los venezolanos no muestran mejoras. “No se le ve el queso a la tostada”.
A pesar de que la inflación en mayo bajó, al fin, a un dígito, se refiere a lo ocurrido sólo en ese mes. De mantenerse esa tasa la inflación anual será de más de 108%. De un año para acá el alza de precios acumulado fue de 525%. Sin alza de salarios que lo compense. Se estima que el costo de la canasta alimentaria para una familia de cinco es, actualmente, de 772 USD. Fedecámaras, en su encuesta para el primer trimestre de 2026, registra un salario promedio para el sector privado de 283 USD, poco más de la tercera parte. En el sector público, es aún más bajo. Se sustenta, además, en una serie de bonos anunciados hace poco por Delcy Rodríguez, algunos de los cuales no serán devengados por los pensionados. Más allá, el interinato ha instituido, en la práctica, el racionamiento extendido del suministro eléctrico y en muchos hogares sólo llega el agua algunos días. En fin, Venezuela es hoy, uno de los países más pobres de América Latina, luego de Haití y Nicaragua.
Las exclamaciones auto-alabanciosas de Trump sobre el supuesto bienestar en Venezuela son para la base electoral de su propio país, a pocos meses de las elecciones. Nada que ver con la realidad acá. El Depto. del Tesoro de EE. UU. administra con celo los proventos de la exportación de nuestro crudo para evitar corruptelas, pero no sabemos con cuánto se quedan empresas de ese país para cobrar lo que le debe el Estado venezolano, cuánto se entrega al interinato, ni a qué dedica éste esos recursos. Parece que la fórmula estabilización-reactivación-
La razón obvia está en la ausencia de instituciones robustas, creíbles, sobre las cuales asentar la actividad económica. En materia petrolera, la discrecionalidad impositiva de la reformada Ley de Hidrocarburos, así como de las condiciones que regularán las empresas extranjeras, disuade la inversión de los montos mil-millonarios requeridos para alcanzar las metas de producción propuestas. La misma Chevron duda, una vez se haya reembolsado sus acreencias. En la minería, la ausencia de garantías claras es similar y qué no decir de la economía privada en general, sujeta a una carga impositiva asfixiante, a la ausencia de crédito y a un servicio eléctrico inconstante. Encima, ahora con el racionamiento de las divisas, reminiscente de las peores medidas de Maduro. Pero, sobre todo, bajo una gestión pública sin recursos, cebada en irregularidades, que arrastra las peores deficiencias.
Cabe recordar que las instituciones son las reglas de juego con que se conduce una sociedad, pero no pueden reducirse sólo a leyes y normas formuladas con el mejor sentido y coherencia. Incluyen, además, hábitos, prácticas y valores –una “institucionalidad informal”– que pueden interferir las leyes escritas. De haberse observado la constitución, por ejemplo, se habría podido sustentar una vida satisfactoria para los venezolanos y evitado el desastre actual. Lamentablemente, la prédica redentora de un farsante nos llevó a abrazar reglas de juego sustentadas en el reparto “revolucionario” de rentas petroleras y en la violación de los derechos de propiedad –y de los derechos humanos fundamentales– de quienes no profesaran su lealtad incondicional al demagogo. Derivó en un régimen personalista y discriminatorio, de expoliación, que hizo de la constitución un papel mojado. Las estructuras de poder, hoy, son las mismas que se fueron armando para administrarlo: Una FANB y un aparato de seguridad del Estado corruptos, y TSJ, Asamblea Nacional, Fiscalía, Contraloría, CNE, Poder Ejecutivo abyectos. Entes colonizados por las prácticas de expoliación. Quienes están al frente carecen muchas veces de las herramientas y de los referentes para actuar en contrario, conforme a la constitución.
El fundamento político del Estado venezolano actual está maleado. Recomponerlo no puede confiarse a quienes lo pervirtieron, redactando presurosamente leyes en atención a mandatos gringos. Sanear al Estado requiere, por fuerza, rescatar su esencia republicana: la autonomía y división de poderes amparados en el ejercicio cabal de la voluntad popular y la observación plena de los derechos ciudadanos. La dinámica de la gestión pública tiene que estar alineada con los fines de nuestro ordenamiento constitucional. Obliga a una reforma profunda del Estado que sanee sus balances, restituya la carrera administrativa basada en méritos (no en las lealtades al jefe), la transparencia y la rendición de cuentas, dote de recursos y conocimientos a los organismos del Estado para optimizar la gestión de sus servicios, provea seguridad y libertad a los venezolanos, y facilite la coordinación efectiva entre sus distintas instancias para alcanzar el mayor bienestar posible. Estos cambios toman tiempo, suponen el aporte de los mejores y el apoyo prodigioso de financiamiento y asesoría de entes multilaterales como el FMI, el BM, BID, la CAF. Pero ello no provendrá sin instituciones legítimas, fieles a los postulados constitucionales y a las aspiraciones comprobadas de los venezolanos, legitimadas en unas elecciones transparentes, confiables y avaladas por una observación internacional creíble, en las que participemos todos. Porque rescatar al Estado implica, hoy, rescatar la soberanía popular.
La movilización y vigilancia activa de una población empoderada políticamente será instrumental para el rescate de nuestras instituciones. Pasa por un gobierno con respaldo mayoritario que restituya libertades y derechos de los venezolanos, atienda la emergencia humanitaria y emprenda la recuperación de los servicios públicos. Implica una Asamblea Nacional genuinamente representativa que promueva el rescate legítimo del TSJ, del CNE, la fiscalía y demás entes autónomos, ventilado abiertamente por los medios de comunicación. Esa misma transparencia y voluntad compartida permitirá contar con el financiamiento y la asesoría multinacional que nos ayudará a salir del hueco.
Con la precariedad institucional del interinato, su incompetencia, falta de recursos, de credibilidad, sin apoyo popular, incapaz de estabilizar los precios y blandiendo aún la amenaza represiva, solo vendrán inversiones que obtengan ganancias rápidas y/o aquellas amparadas en las garantías del protectorado estadounidense. Pero no las inversiones mil millonarias para producir tres millones de barriles diarios de crudo dentro de ocho años, convertir a Venezuela en el emporio turístico que le corresponde ser, ni para la animación de la iniciativa privada en todos los niveles –”los poderes creativos del pueblo”– y fortalecer la agricultura, los servicios y cuanta cosa pueda producir provechosa y competitivamente el talento venezolano. Hacen falta garantías, seguridades, instituciones robustas y saneadas.
Venezuela tiene en ciernes un proceso anunciado para reestructurar su inmensa deuda pública, pero sin indicios de haberla limpiado de papeles envenenados por el lavado de corruptelas, sin el aval y el apoyo financiero y técnico del FMI y de otros multilaterales, ni condiciones que eviten que el proceso sea confiscado por fondos buitres y. Se corre el riesgo de vernos condenados a arreglos que comprometan ingentes recursos para su servicio, en desmedro del bienestar de la población, sin dinero fresco y sin garantía de no vernos obligados a renegociarlos de nuevo en un futuro próximo.
Quienes tienen la sartén agarrada por el mango, de estar interesados realmente en restituir la democracia en Venezuela, no pueden ignorar el rescate de las instituciones. “¡Es la política, estúpido!”
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, h[email protected]