
El fotoperiodista Jesús Medina Ezaine denunció este martes 23 de junio, a través de su cuenta oficial en la red social X, la existencia de órdenes de aprehensión en su contra por el presunto delito de “incitación al odio”, en el marco de un proceso judicial que, según afirma, estaría marcado por irregularidades, decisiones contradictorias y violaciones a sus derechos procesales.
Por: lapatilla.com
En su publicación, Medina Ezaine señaló al Tribunal 31° de Control, a cargo de la jueza Shirley Páez, indicando que en agosto de 2023 se habría emitido una boleta de exclusión del Sistema de Información Policial (Sipol), sin que —según su versión— se hubiesen levantado posteriormente las órdenes de captura.
El comunicador también aseguró que el 20 de junio de 2024 habría obtenido una decisión favorable en el juicio contra el Estado venezolano, la cual posteriormente habría sido revertida con la orden de reactivación del proceso.
Asimismo, el periodista alegó que fiscales del Ministerio Público vinculados a la Fiscalía 38° Nacional, identificados como parte del equipo liderado por el exfiscal chavista, Tarek William Saab, no habrían apelado una decisión judicial dentro de los lapsos correspondientes, pero que el caso fue reabierto meses después por orden del tribunal.
En su mensaje, también mencionó presuntas disputas internas dentro del Ministerio Público y atribuyó responsabilidades indirectas a actores políticos como Diosdado Cabello, número dos del régimen chavista.
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Medina Ezaine afirmó además que durante seis años habría enfrentado presentaciones periódicas ante tribunales y restricciones judiciales, asegurando que su salida del país se produjo tras cumplir con los procedimientos legales.
También denunció la supuesta desaparición de registros de audiencias y la falta de notificación formal sobre la reapertura del juicio, lo que —según su versión— comprometería la validez del proceso. Hasta el momento, no ha habido una respuesta oficial de las autoridades mencionadas sobre estas acusaciones.
El comunicador sostuvo que su caso representa una vulneración de derechos humanos y reiteró que continuará denunciando lo que considera irregularidades en el sistema de justicia venezolano.
