En las semanas recientes, las protestas y los descontentos en Guatemala se han consolidado en algunas demandas específicas como la renuncia del Presidente, de la junta directiva del Congreso, el cierre del Centro de Gobierno, la reestructuración del presupuesto, entre otras. ¿Pero qué se lograría en realidad con el cumplimiento de esas demandas, dada la manera en la que el sistema está establecido?
Las movilizaciones y eventos derivados del 2015 demostraron que la renuncia del Ejecutivo y el arresto de funcionarios de alto rango no fue suficiente para lograr un país distinto. Es más, la revelación de que la clase política, a través de los partidos políticos, utilizaba al Estado como su banco personal no logró que la ciudadanía votara por un candidato a presidente o por diputados distintos. Lo que el 2015 evidenció fue la manera en la que los poderes tradicionales, sobre todo la elite del país, cerraron filas para defender sus intereses y su poder a toda costa. Por eso, financiaron ilegalmente la candidatura de Jimmy Morales, quien se convirtió en alfombra, logrando el cierre de la CICIG, institución que asumieron como el más grande obstáculo a su dominio y control.
Por lo tanto, el legado del 2015 no fue el falso nacionalismo y unidad que vendieron los medios, institutos o inclusive algunas empresas de elite “progresista”. Tampoco la peligrosa narrativa sobre la importancia de la “protesta pacífica” que tiende a criminalizar a quienes ven la necesidad de mostrar su desencanto a través de medios alternativos de lucha. La narrativa de unidad del campo y la ciudad fue un espejismo que en la realidad nunca se concretó porque el sector urbano ladino con poder político y económico, incluidos los medios de comunicación, continúan propagando la narrativa de que las demandas rurales son extremistas y provienen de un sector indígena “incivilizado”, “ignorante de la política” y de las leyes, que se opone al “desarrollo” y cuyas formas de protestas no son las “adecuadas”.
Siendo honestos, la necesidad más apremiante del país no es solo remover figuras o aceptar paliativos como el cierre del Centro de Gobierno, el verdadero reto es reconocer ¿quienes son los verdaderos enemigos y obstáculos para la democracia, estabilidad y desarrollo del que tanto se habla en círculos políticos y con el vecino del norte?
Se debe comprender que los intereses de la mayoría del país, indígena, mestiza y/o pobre, pero inclusive los intereses de la minúscula clase media jamás coincidirán con los intereses de los sectores que han controlado y controlan el país: las elites económicas, la clase política —usureros que asumen el Estado como su botín para ascender social y económicamente— y recientemente el crimen organizado.