Según un informe de la Universidad de Toronto, Canadá, por lo menos 25 gobiernos en el mundo, entre ellos el gobierno de Guatemala, a través de un software especial proporcionado por la empresa de vigilancia Circles, llevan a cabo interceptaciones clandestinas en los teléfonos celulares de sus ciudadanos, que se traduce en un deleznable espionaje telefónico.
Interceptar ilegalmente las comunicaciones, a través de instrumentos sofisticados o de la colocación de micrófonos ocultos para escuchar conversaciones privadas, es una práctica común y constante en el mundo entero. Esto último quedó plenamente evidenciado por Edward Snowden, en junio del 2013, cuando, a través de los periódicos ‘The Guardian’ y ‘The Washington Post’, hizo públicos documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la NSA (Agencia Nacional de Seguridad de los EE. UU.), incluyendo los programas de vigilancia masiva PRISM y XKeyscore.
Concretamente, los gobiernos y funcionarios quieren saber lo que dicen y hacen los opositores, críticos, disidentes, adversarios y enemigos. Los espían, acechan, atisban y vigilan; y, al efecto, “pinchan” sus comunicaciones personales. Por cierto, a los gobiernos y funcionarios también les interesa conocer las fuentes de información de periodistas y comunicadores, así como cuáles son los temas del periodismo de investigación, para atajarlos, desalentarlos o, en su caso, desinformarlos.
Sin duda, no puede decirse que se vive en una democracia institucional mientras existan sistemas de control clandestino, como el espionaje telefónico y la interceptación de las comunicaciones personales. No se puede afirmar que nuestra sociedad es de individuos libres, mientras el Estado y grupos de poder controlen a los ciudadanos, a través de escucharlos, acosarlos, hostigarlos y abusarlos.
La garantía de la inviolabilidad de las comunicaciones y la correspondencia es un elemento esencial de un régimen republicano de legalidad, que no se está respetando ni haciendo efectiva al mantenerse y no perseguirse este tipo de patético espionaje, que busca controlar a los ciudadanos, someterlos a un régimen de opresión y terror, o, en su caso, chantajearlos o destruirlos por la vía de la intimidación o de la coacción, así como socavar la sana competencia comercial.
En todo caso, se espera que el Ministerio Público, cuya principal finalidad es velar por el cumplimiento de la ley, investigue y persiga penalmente el espionaje comunicacional, a fin de que se desmantelen las estructuras clandestinas de interceptación de las comunicaciones que operan en o desde entidades estatales o particulares, y que los funcionarios responsables de este ilícito, de este insoportable flagelo, sean juzgados, condenados y debidamente castigados.