En esta semana, salió un interesante reportaje en Prensa Libre sobre la situación del Estado de derecho en Guatemala (edición del lunes 6).
El hecho es que al parecer andamos en “la calle de la amargura” en cuanto a los índices o factores que se utilizan para determinar qué tan sólido o no es nuestro Estado de derecho.
Se dice que el mismo es un requisito indispensable e inexcusable de la democracia. Y por lo tanto, ante su ausencia o debilidad, pretendemos vivir en una democracia, pero no es cierto.
El Estado es una ficción jurídica, en el sentido de darle carácter propio. Personalidad propia. Como el Leviatán, siguiendo a Thomas Hobbes.
Pero si lo vemos con una lupa realista, de lo que se trata es de personas gobernando a personas. Personas electas en una buena parte para ello. Por eso se dice que existe una “autorregulación” de las personas que integran una sociedad.
Son sus “representantes”, los diputados, quienes producen las leyes que deben reflejar auténticas necesidades, legítimas causas, y contener disposiciones pertinentes para lograr la convivencia pacífica.
Somos guatemaltecos gobernados por guatemaltecos, por decirlo de otra forma. Y esperamos que todos cumplamos correctamente lo que nos toca hacer.
Por lo tanto, aunque suene extraño, o quizás hasta “burlesco”, el Estado de derecho en mi opinión está precedido por un profundo “estado de conciencia” o, quizás mejor dicho, un “estado de convicción personal” que para poder vivir en armonía, paz, desarrollo y libertad, tenemos que cumplir los mandatos de nuestra Constitución, como mínimo, y ordenar todas las leyes y cumplirlas bajo el “haz de luz” de dicha Constitución.
Pero cuando se lee por qué hay un débil Estado de derecho en Guatemala según el informe presentado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), uno puede meditar qué tanto los guatemaltecos deseamos realmente vivir, o no, en un régimen de legalidad y legitimidad —uno donde el famoso principio de igualdad ante la ley cobre todo el sentido que tiene—.
Cuando los guatemaltecos encuestados creen, por ejemplo, que no se respeta el debido proceso, que el sistema de justicia, ante todo el de la justicia penal, no está libre de influencias inapropiadas; y que el sistema correccional no reduce el comportamiento criminal, es porque hay guatemaltecos no respetando el debido proceso, ejerciendo influencias inapropiadas en el sistema y afectando el sistema correccional para volverlo una escuela del crimen. Pero lo peor no es eso: es que hay guatemaltecos que lo permitimos, consciente o inconscientemente. Por acción o por omisión.
Por eso digo que tiene que nacer en la conciencia la necesidad, si queremos sobrevivir, de vivir bajo un auténtico Estado de derecho. De lo contrario, dicho de otra forma, vivimos en un estado líquido o, peor aún, gaseoso de derecho. ¿Nuestros derechos se evaporan?