Ciertas élites están polarizadas en torno al Estado de derecho. Esta polarización se ha extendido y profundizado durante seis años, y podría prolongarse a una década.
Los efectos más visibles de este proceso son, por un lado, que se acrecientan sin tregua los antagonismos y prejuicios entre bandos que se descalifican ferozmente; los adversarios adquieren categoría de enemigos que deben ser aplastados sin piedad. Símbolos de pertenencia (política, clase social, etnia, religión, ideología, idioma materno) se simplifican: “Ellos o nosotros”.
Por otro lado, se acelera la desconfianza hacia las instituciones atrapadas en la polarización: fiscalías y juzgados, los altos poderes del Estado, medios de comunicación, universidades, partidos políticos e iglesias.
En tercer lugar, se bloquea la gestión administrativa del Estado (y cualquier operación oficial es percibida como sospechosa y corrupta), se instala un clima latente de ingobernabilidad y la democracia se degrada. En estos años de “polarización perniciosa” —como le denominan los académicos de la centenaria Fundación Carnegie—, Guatemala quedó fuera de la clasificación de democracia; es un régimen híbrido, encaminándose a la dictadura.
Pero existen otras polarizaciones asociadas a los conflictos sociales de base en demasiados territorios. La aplicación no consensuada del Convenio 169 en lo que concierne a la explotación de recursos naturales y los impactos en las comunidades y el medio ambiente; las ocupaciones y desalojos de tierras generalmente violentos; controversias laborales y de prestación de servicios esenciales, entre otros, incluyendo ahora la resistencia universitaria a la imposición de un rector.
Estos conflictos aún no son conflictividad, pues no se han encadenado. Pero podría ocurrir la tormenta perfecta: la polarización de las élites cruzada con la conflictividad social.
Una sociedad sana requiere cierto nivel de polarización para distinguir propuestas y alentar la participación social y política en democracia. La diferencia con la “polarización perniciosa” es que aquella abriga espacios de entendimiento y acuerdos que razonablemente se cumplirán.
Cuando la polarización es una estrategia política de persecución penal y regresión democrática, los chances de neutralizarla y revertirla están asociados a los incentivos de los actores. Hasta ahora no hay incentivos de despolarización. Opera el desequilibrio de la persecución estatal y la hostilidad de élites tradicionales al unísono contra la disidencia, y las presiones internacionales para balancear el Estado de derecho han sido insuficientes.
¿Qué ocurriría si se profundizan las sanciones internacionales? ¿Qué impacto tendría la conflictividad social asociada a la crisis del Estado de derecho y de la democracia? ¿Cómo esas dinámicas podrían o no confluir en el proceso electoral de 2023, donde quizá ya no se pueda procesar la crisis, sino estallar?