La iniciativa de esta efeméride surgió en 2009, a instancias de un grupo de personas defensoras del territorio del Valle de San Luis Potosí, México. Está claro que no hay nada que celebrar, porque el único legado de la minería ha sido el empobrecimiento de las comunidades, enfermedad en la población y muerte de la naturaleza.
Las empresas mineras le han chupado la sangre y perforado el útero a la madre tierra, han desaparecido cerros, bosques y ríos, se han llevado todo dejando destrucción y muerte. Han roto el tejido social comunitario, enfrentando familias, rompiendo mecanismos comunitarios de toma de decisión. Del tan mentado desarrollo que propugnaban, nada.
En la concepción neoliberal, el extractivismo es la etapa superior del desarrollo, porque, como dice el experto en el tema Eduardo Gudynas: “El extractivismo clásico es dependiente de la transnacionalización en manos de grandes corporaciones internacionales. El Estado es subordinado a ellas. La idea del desarrollo bajo esta postura era que las exportaciones del extractivismo generarían, por un lado, empleo, y por el otro, crecimiento económico, desde el cual se desencadenarían derrames positivos sobre la sociedad. El Estado solo tenía que alentar y asegurar las inversiones y la marcha de las operaciones”.
Aquí lo único que se ha derramado son tóxicos y veneno sobre las tierras y ríos que históricamente han pertenecido a los primeros pueblos. Mucho menos se puede hablar de desarrollo de marcos normativos, respeto a las consultas comunitarias y generación de empleo. Han usado hasta el hartazgo la narrativa falaz de creación de puestos laborales para superar la pobreza en los lugares donde se asientan. Pero, lo cierto es que el trabajo que ofrecieron no contribuyó a superarla y ha distado mucho de poder llamarse empleo digno.
Lo que sí queda son muchas preguntas: ¿habrá algún seguro médico de las empresas extractivas que le pueda devolver la salud a las personas a quienes se le deterioró por estar en exposición permanente a sustancias tóxicas? ¿O a la población cuya salud se quebrantó por tomar agua contaminada o alimentos obtenidos de suelos envenenados?, ¿cuántos accidentes habrán sucedido en las mineras y se silenciaron?, ¿cuántas mujeres han sufrido violencia sexual por parte de empleados vinculados con las mineras?, ¿cuántas denuncias por su violencia extractiva habrán quedado en los cajones del sistema de justicia?, ¿cuántas personas han perdido la vida por defender la tierra y el territorio?, ¿cuántas han enfrentado criminalización?, ¿a cuántos millones de dólares ascenderá esta cuarta etapa de despojo denunciada ampliamente por quienes han habitado estas tierras históricamente?
Las empresas extractivas han dejado consecuencias irreversibles. Y si usted que me lee cree que no le afecta, piénselo mejor. El envenenamiento no es solo del suelo sino de los gobiernos y las voluntades que fueron compradas, del funcionariado público coludido y de un Estado de derecho cada vez más débil. ¿Cree usted que no le afecta?